Tres personas, dos hombres y una mujer, se enfrentan a penas que suman seis años de prisión acusados de estafar a los propietarios de una empresa a los que engañaron para que la vendiesen por dos euros aprovechándose de la difícil situación económica por la que pasaban las víctimas.
El juicio se lleva a cabo este martes en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma y según el escrito del fiscal, los hechos se remontan a septiembre de 2011. En ese tiempo, la empresa era propiedad de las dos víctimas y atravesaba una difícil situación financiera, aunque mantenía "jugosos acuerdos" de prestación de servicios con Acciona, el Hospital Son Llàtzer y el Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi).
Aprovechando esta situación, uno de los acusados actuó como intermediario para convencer a los perjudicados de vender la empresa al otro procesado. Así, el 27 de septiembre de 2011, mediante escritura pública, las víctimas vendieron por dos euros la totalidad de las participaciones, quedando uno de los encausados como administrador único a cambio de asumir el pago de las deudas que pesaban sobre la empresa.
Igualmente, los perjudicados, que quedaban vinculados laboralmente a la empresa como gerente y director de la misma, tenían que emitir dos pagarés contra cuenta corriente de 12.305 y 33.875 euros, respectivamente.
A la firma de la citada compraventa no acudió personalmente el acusado que había sido reconocido como administrador único, sino que lo hizo representado por la procesada, la cual, siendo conocedora de la intención presuntamente ilícita, recibió el primer pagaré, gestionando su cobro y percibiendo por ello 6.000 euros. El segundo fue recepcionado por el otro encausado, que lo entregó al reconocido como administrador, que se encargó finalmente de su cobro.
El escrito apunta que este último nunca se personó en la sede de la empresa y nunca aportó capital alguno que permitiera salvarla. Tampoco pagó a proveedores ni asumió el pago de nóminas. De hecho, como administrador único, hizo suyos los pagos realizados por Acciona, Son Llàtzer y el Ibavi.
El fiscal considera tales hechos constitutivos de un delito de estafa, por lo que pide para cada uno de los acusados dos años de prisión, además de indemnizar en la cantidad de 46.180 euros a los perjudicados.
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