Además, también pide que se acuerde "el decomiso administrativo y puesta en custodia segura del caballo" para proteger a dicho animal de cualquier maltrato al que podría ser sometido "en la intimidad del lugar donde su propietario lo tenga ubicado".
Asimismo, también quiere que se examine el caballo por un veterinario especializado en equinos, para que determine si ha podido sufrir lesiones, al objeto de que, "una vez acreditado su maltrato, los hechos puedan ser calificados como falta".