El portavoz de El PI en el Consell de Mallorca, Antoni Salas, ha sido el encargado de presentar dicha moción. "La okupación ilegal es una realidad y tiene que haber cambios legales para que los propietarios no se sientan indefensos. Esta lacra necesita una respuesta contundente y eficaz. Y por desgracia, ahora mismo no la tenemos", explica Salas.
"Actualmente, se calcula que hay en España unas 120.000 viviendas okupadas y según los datos de la Fiscalía General del Estado en los últimos 20 años se han multiplicado los procedimientos relativos a la okupación", explica el conseller.
"Por eso, es necesario impulsar una ley donde quede reflejado que el propietario de un inmueble okupado que haya denunciado pueda recuperarlo en un plazo máximo de 24 horas, que también se puedan dar de baja los servicios de luz, agua o similares si no pueden sacarlos y, sobre todo, incrementar las penas del Código Penal por aquellas personas que realicen una okupación ilegal", ha explicado Salas.
Por otra parte, la moción también refleja que pueda otorgarse legitimidad a la comunidad de vecindarios para desocupar pisos o cortar los suministros. Además, El Pi considera que también debe sancionarse a los grandes tenedores, bancos o fondos de inversión, cuando se demuestre que no ejercen ninguna acción de desempleo teniendo evidencia de la okupación ilegal de su propiedad