Penalva y Subirán: una condena que deja impunes los delitos más graves

El exjuez Manuel Penalva, el exfiscal Miguel Ángel Subirán y tres policías nacionales del Grupo de Blanqueo, Miguel Ángel Blanco, Blanca Ruiz e Iván Bandera, han sido condenados a penas de prisión por los delitos de obstrucción a la Justicia, coacciones y omisión del deber de perseguir el delito de revelación de secretos, los dos primeros, y obstrucción a la Justicia por parte de los tres agentes de la Policía Judicial. Un cuarto funcionario de policía encausado, José Luis García Reguera, ha resultado absuelto.

La sentencia de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de les Illes Balears (TSJIB) no es firme y contra ella cabe interponer recurso de casación ante la Sala 2ª del Tribunal Supremo, por lo que, con toda probabilidad, será el Alto Tribunal el que acabe pronunciando la última palabra sobre este espinoso y trascendente caso, del que tanto se ha escrito en los medios de comunicación.

Pese a que la condena es considerablemente menor a la solicitada por el Ministerio Fiscal (nueve años de cárcel, frente a los 120 que se pedían para Penalva y Subirán, menos de una décima parte), tiene un enorme valor moral tanto para los investigadores de las irregularidades cometidas por los ahora condenados en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, en el marco de las investigaciones del caso Cursach, caso ORA y caso IME.

Ha quedado probado que el juez y el fiscal presionaron, entre otros, a funcionarios del Ayuntamiento de Palma y al empresario Antoni Roig, para que confesasen que el concurso de la ORA había sido amañado, implicando al entonces diputado autonómico del Partido Popular, Álvaro Gijón. Llegaron incluso a detener al hermano y a los padres septuagenarios del político para presionarle, una actuación aberrante de la que han sido absueltos ya que se han librado de los delitos de detenciones ilegales, los más severamente castigados, quedando impunes.

Algo similar sucedió en los demás casos que instruía Penalva, donde se coaccionaba a imputados y testigos para que declarasen de un modo determinado, autoinculpándose o incriminando a otros, si no querían ser enviados a prisión.

Quienes padecieron los abusos de unos funcionarios públicos de la Administración de Justicia que, inexplicablemente, decidieron conjurarse para delinquir de forma sistemática, como demuestra el chat de whatsapp denominado ‘Operación Sancus’, reciben una mínima reparación moral con esta condena. La reparación total de los perjuicios ocasionados, en especial a aquellos que fueron arrestados injustamente o enviados a prisión, es imposible. Pero ahora, gracias a la sentencia del TSJIB, queda demostrado que fueron víctimas de graves delitos. Y sus autores, son condenados con penas privativas de libertad.

La filtración orquestada, deliberada y metódica, de informaciones bajo secreto de sumario, que la sentencia atribuye a los condenados, también queda sin castigo ya que no se ha podido probar fehacientemente; si bien Penalva y Subirán son considerados responsables del delito de omisión del deber de perseguir las revelaciones de secretos, que, a pesar de las reiteradas denuncias por parte de los investigados, nunca quisieron investigar.

Esta sentencia obliga a la profesión periodística a reflexionar sobre el respeto a la presunción de inocencia que ampara a todo ciudadano, y que tan a menudo ha sido conculcada, sin que ello haya acarreado ninguna consecuencia legal, al margen del daño en la credibilidad de determinados medios.