El nuevo ejecutivo andaluz, en manos del Partido Popular y Ciudadanos, en los primeros cien días de gobierno, ha cumplido sus principales compromisos. Entre ellos, destacan medidas de regeneración institucional y la recuperación del empleo. No era para menos. El gobierno monocolor del PSOE, al que ha sucedido, tiene casos investigados por la justicia por una cuantía que roza los 5.000 millones de euros. Solo los ERE, Invercaria, "las facturas falsas, Delphi o la Faffe, capitalizan partidas gestionadas por dirigentes de partidos equivalentes a 830.000.000.000 ptas. Son cantidades verdaderamente mareantes.
La afirmación que la corrupción no pasa factura es verdaderamente cierta. Indiscutible para determinadas formaciones políticas en su vertiente electoral. El PSOE acaba de recibir un apoyo en las urnas aplastante.
Un triunfo tan indiscutible como que el cargo contable de estas facturas, que recaen en el bolsillo de los contribuyentes, deja las instituciones por ellos gobernadas exhaustas, en la miseria más absoluta. Una cifra cercana al billón de pesetas permite sacar de la pobreza a todos los españoles de renta precaria de una sola tacada.
Sin embargo, al día siguiente de la irrefutable y aplastante victoria de Sánchez, hemos conocido que el gobierno en funciones ha informado a la Comisión Europea, que el descuadre de sus políticas reflejadas en sus presupuestos va a aumentar los impuestos en 26.000 millones más. El equivalente a 4.300.000.000.000 pesetas. Un sablazo fiscal de 4.3 billones de pesetas en cuatro años para ser sufragadas, mayoritariamente, por las rentas del trabajo.
Cambiando de tema, pero sin cambiar de territorio, de partido, ni de partida, hemos conocido que la Junta de Andalucía ha despedido al investigador Bernat Soria. Ha rescindido el contrato del exministro socialista, este jueves, tras una auditoría interna de la Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud, dependiente de la Consejería de Salud andaluza, del que dependía el instituto de investigación en salud que dirigía.
Los medios informan que su nómina de era la más alta pagada por la Administración, afirmando que ha cobrado 1,2 millones desde 2009, unos 150.000 euros brutos al año. En su contrato señala que tiene una cláusula de exclusividad por la que percibe una determinada cuantía económica a la vez que ha desarrollado actividades privadas lucrativas.
¿Podría existir algún caso de la misma naturaleza y de magnitud equivalente en nuestra comunidad, en instituciones de investigación, cuyos órganos de gobierno están presididos por altos cargos gubernamentales? Mediten, disfruten y descansen. Buen finde.
