El calendario de la consulta popular, principal escollo para su realización

Tan solo tres días después, la realidad parece que se acabará imponiendo y la consulta popular que el grupo municipal de Més en Inca, propuso para decidir sobre la privatización del servicio del agua, tiene todos los visos de no poder realizarse.

El alcalde de la capital del Raiguer, Rafel Torres, aceptó la propuesta de los econacionalistas, con el único condicionante que el proceso no afectara a la ejecución de las obras de reforma del Teatro Principal.

Una vez estudiado el proceso con el Secretario del Ayuntamiento, se ha desvelado la imposibilidad de cumplir con este condicionante. La consulta popular precisa de un procedimiento parecido a unas elecciones municipales, convocando la junta electoral de zona, presentar la consulta al gobierno del Estado, que este lo permita y llevar a cabo toda la operativa. El proceso completo ocuparía unos 6 meses desde el momento en que se aprobara en pleno.

Teniendo en cuenta que la reforma del Teatro Principal está ligada en un 50% a una subvención europea, y que la misma debe estar aprobada, licitada y adjudicada antes del día 31 de diciembre del presente año, para mantener esta subvención, la consulta popular se antoja no compatible con el único requisito con el que los grupos municipales estuvieron de acuerdo en la sesión plenaria.

Desde el ayuntamiento explican que lo que no van a hacer es hipotecar una obra tan importante y con tanto trabajo a cuestas durante tanto tiempo como la reforma del Teatro. El consistorio necesita dinero en caja para hacer frente a las obras, ya que aunque subvencionadas, estas ayudas no se abonan hasta que esté finalizada la reforma. Igualmente apuntan que aunque el ayuntamiento presentó superávit el 2012, éste se debe utilizar para rebajar deuda, tal y como estipula la ley. Aunque el ministro Montoro ha manifestado que aquellos municipios que han saneado sus cuentas podrían utilizar parte del superávit para inversiones, de momento sólo es una intención y nada hay de concreto en ella, por lo que en el ayuntamiento deben trabajar con la legislación actual y no con las posibles.