Mandos de la Policía Local se reunirán con Fiscalía para concretar la instrucción de okupas

Fuentes de Seguretat Ciutadana indican a mallorcadiario.com que los técnicos estudian la instrucción para que los mandos de la Policía Local expongan todas las dudas ante el Fiscal Jefe, firmante del texto, y se puedan concretar las acciones en todos los supuestos.

El objetivo es establecer un protocolo de actuación "claro y sin vacíos legales" para sus agentes, teniendo en cuenta que Palma es el principal foco de esta problemática en toda la isla. Si bien el número de intervenciones de la Policía Local ha descendido en este ámbito, barrios como Son Gotleu, Camp Redó o Playa de Palma sufren casi a diario ocupaciones o intentos de ocupación por parte de particulares o grupos organizados, por lo que las instrucciones operativas deben ser especialmente claras para los casos de la capital.

Hay que recordar un caso reciente de ocupación ilegal en Son Sardina. Una mujer de 76 años regresó de vacaciones y se encontró su casa ocupada. Rápidamente avisó a la Policía Local y los agentes le comunicaron que no podían hacer nada más que redactar un informe judicial y le recomendaron que denunciase ante el Juzgado. Dos días después, y gracias a la presión social, la mujer recuperó su legítima vivienda. Ahora, siguiendo la instrucción de Fiscalía, el desalojo por parte de los policías debería ser inmediato ya que se trata de su vivienda particular "pero, por ejemplo, en una casa deshabitada de Son Ferriol que lleva tiempo ocupada y sus dueños quieren recuperar, ¿actuaríamos?", se preguntan desde el cuartel.

DUDAS ENTRE SINDICATOS POLICIALES

Y no son los únicos que plantean dudas sobre el desarrollo del texto. Sindicatos y asociaciones policiales como el SUP, UFP o la AUGC ya expresaron a este digital los vacíos que presenta, más allá de "viviendas habitadas y segundas residencias".

Así, desde el SUP consideran que la instrucción es "ambigua". Su portavoz, Manuel Pavón, explica a mallorcadiario.com que en los casos más flagrantes -como la okupación de una casa habitada o una segunda residencia- ya se venía procediendo de este modo. Sin embargo, para las viviendas deshabitadas "nos encontramos con un vacío legal", por lo que desde el sindicato exigen una instrucción operativa "absolutamente clara" para estos casos por parte de la Dirección de la Policía Nacional.

Por su parte, desde la Unión Federal de Policías Nacionales, (UFP) el secretario regional en Baleares, Marcos Pérez, ha subrayado a este digital que "en un principio, la decisión de la Fiscalía la vemos correcta. No obstante, entendemos que la Fiscalía traslada a la policía el criterio para proceder a la detención de quien haya ocupado la casa".

Pérez añade que "creemos que con esta actuación, se hace una diferenciación entre ocupación de una vivienda que son los pisos deshabitados que han sido ocupados y modifica el concepto de allanamiento de morada, que son aquellas viviendas que por ejemplo han sido ocupadas si una persona se ha ído unos días de viaje".

Por todo ello, desde la UFP se asegura que "nos encontramos ahora en una especie de limbo por lo que esperamos que la Fiscalía nos concrete con más profundidad todas estas instrucciones que ha emitido".

Desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) aseguran estar "expectantes" ante la aplicación "concreta en cada caso". El portavoz Zoilo Muñoz indica a mallorcadiario.com que "una instrucción es una guía, que define pero de manera genérica. Cada caso es individual y la resolución dependerá de la orden de nuestros mandos".

Todo, después de que este lunes la Fiscalía de les Illes Balears emitiese una instrucción a Policía Nacional, Guardia Civil y policías locales para que actúen "directamente y de forma inmediata" sobre aquellas personas que okupen casas habitadas o segundas residencias. Esto implica que, si un ciudadano llega a su casa o a la vivienda que emplea para fines de semana o vacaciones y la encuentra okupada, los agentes podrán desalojar inmediatamente a los okupas, sin necesidad de recurrir al Juzgado.

La instrucción, firmada por el Fiscal Jefe Bartolomé Barceló, indica que "sólo cuando existan dudas de la naturaleza delictiva de la conducta realizada en los casos de ocupación de inmuebles se solicitarán medidas judiciales". Asimismo aclara que "cuando los ocupantes sean personas en riesgo de exclusión social se dará cuenta a los servicios sociales para que no queden desamparados".

PROBLEMA SOCIAL

La directriz llega en un contexto de creciente problema social y legal debido a la ocupación ilegal de inmuebles y al aumento de mafias que se aprovechan de la necesidad de personas vulnerables. "Al no haber una respuesta jurídica uniforme se hace necesario establecer unos criterios de actuación atendiendo los intereses que hay en conflicto", indica la instrucción. Por un lado, destaca, está el derecho fundamental a la inviolabilidad de domicilio "ya que nadie puede entrar en domicilio ajeno sin autorización del titular o resolución judicial", y por otro, el derecho a una vivienda digna.

En el escrito se reconoce "situaciones reales pero diferentes, en función de si se trata de un inmueble ocupado por su titular o uno desocupado".

En el primer caso -aquellas casas que sean empleadas por sus propietarios como primera o segunda residencia- los agentes de policía deberán proceder directamente y de forma inmediata al desalojo de los terceros ocupantes y su detención.