En un comunicado, el colegio profesional apunta "su rechazo absoluto a la inclusión del concepto judicialización de la política, así como a la anunciada creación de comisiones parlamentarias de investigación" cuyas conclusiones, se dice en el acuerdo suscrito entre ambas formaciones, "se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto lawfare o judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas".
Por otro lado, el escrito señala que "la Junta de Gobierno considera que la referencia al término ‘guerra jurídica’ y a un eventual sometimiento al control en comisión parlamentaria de las decisiones o procesos judiciales, que el acuerdo relaciona tanto con la consulta popular del año 2014, como con el referéndum de 2017 - resoluciones judiciales que, en todo caso, la Junta no entra a valorar-, supone un riesgo inasumible de quiebra de la separación de poderes y, por tanto, una amenaza directa sobre uno de los principios fundamentales que sustentan un Estado de Derecho moderno y democrático, como es el principio de independencia judicial".
"A juicio de la Junta de Gobierno, la referencia expresa al lawfare no hace sino sembrar dudas inaceptables sobre la independencia de nuestros juzgados y tribunales, que disponen de sus propios mecanismos de garantía, y contribuir al desprestigio de la imagen de la Justicia tanto dentro como fuera de nuestras fronteras", zanjan desde el Colegio de Abogados de Baleares en su comunicado.