Otra campaña crucial para las familias

Si la familia saca de tantos apuros a los miembros de una sociedad, ¿por qué no convertirla en una prioridad de las políticas sociales? No se entiende el abandono en ayudas públicas que ha sufrido la institución familiar en España durante estos últimos años.

El panorama de la realidad actual de la familia en Baleares y España no es muy alentador. De entre todos los indicadores que recoge, cuatro llaman especialmente la atención: envejece la población; nacen menos niños; se casa menos gente; y hay más rupturas familiares.

España ya está inmersa en un invierno demográfico. En 2018, la población de más de 65 años superaba en más de un millón a los menores de 15 años Esta inversión de la pirámide poblacional se irá acentuando si continúa cayendo la tasa de fecundidad, situada hoy en España en 1,38 hijos por mujer. En Baleares 1,23.

Según nuestras estimaciones, harían falta unos 250.000 nacimientos más al año de los que ahora se producen para alcanzar un nivel que asegure a medio o largo el mantenimiento de la población actual. Pero todavía habría que alcanzar los 750.000 nacimientos al año para salir del invierno demográfico.

Por otra parte, la caída de la nupcialidad ha coincidido con el aumento de las rupturas familiares; problema dramáticamente agravado con la entrada en vigor de la ley del divorcio exprés.

La situación en la que se esta metiendo las familias en España demandaba desde hace años una política familiar integral. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre en el resto de la Unión Europea, todavía no ha calado en este país la idea de que la familia ha de ser apoyada en sus funciones básicas.

Sólo en el ámbito legislativo se identifican cuatro grandes lagunas que, a su vez, producen carencias en otros terrenos: no existe una ley nacional de familia, lo que deja a esta institución a merced de vaivenes políticos; no existe un plan integral de apoyo a la familia, lo que favorece la improvisación y las medidas cortoplacistas; no existe una ley de prevención y mediación familiar para todo el país, y en cambio se facilitan los divorcios precipitados; no existe una ley nacional de protección y apoyo a la maternidad, pero se dan numerosas facilidades para abortar.

A las deficiencias legislativas hay que añadir las de tipo fiscal. Un ejemplo es el actual IRPF: lejos de ayudar, penaliza a los matrimonios en régimen de gananciales (la mayoría en España), sobre todo si los ingresos provienen de un solo perceptor.

Tras eliminarse en enero de 2011 la fugaz ayuda del “cheque-bebé” (2.500 euros por nacimiento), España pasó a la cola de la Unión Europea en ayudas a la familia. Mientras que la Unión Europea dedica de media al concepto “familia” en torno al 2,1% del PIB, España dedica tan sólo el 1,5% del PIB.

Es curioso porque, mientras los poderes públicos ayudan poco a la familia en España o incluso la maltratan, la institución familiar sigue desplegando todas sus funciones al servicio de la sociedad.

Parece lógico, pues, que los poderes públicos arrimen el hombro para apoyar y proteger la institución que probablemente más problemas les resuelve. De ahí que les pidamos a los políticos un cambio de mentalidad. Se trata de convertir a la familia en una prioridad de las políticas sociales, y no simplemente de depositar una limosna en un cestillo de mimbre.