Crisis financiera y presupuestos sanitarios
En el año 2009, la delegación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en Europa, convocó una reunión en Oslo, para debatir las consecuencias de la crisis económica, sobre las políticas sanitarias y establecer unas recomendaciones generales. El objetivo era evidente; que la crisis económica no afectara la salud de los ciudadanos y salvaguardar la eficiencia de la asistencia sanitaria.
Las conclusiones fueron meridianas. Había que preservar los presupuestos sanitarios, y en especial los vinculados a las actuaciones más costo-efectivas, las vinculadas a los programas de atención primaria y a los de salud pública. La declaración no se quedaba en estas dos grandes recomendaciones ya de por si muy clarificadoras. Hizo especial hincapié en la necesidad de priorizar las políticas de promoción de la salud basadas en el conocimiento, apoyar las actuaciones sanitarias acreditadas por la evidencia científica, la evaluación de sus programas y la transparencia.
Dentro del “Paquete anticrisis” recomendaba la unión de todos los agentes involucrados en el objetivo común, el diálogo permanente, mejorar la comunicación con las haciendas propias, dar soporte a la formación, mantener en la medida de lo posible los puestos de trabajo, aumentar la información ciudadana para mejorar la utilización de servicios, proteger a los más necesitados, evitar las duplicidades, promocionar la aplicación de guías clínicas y apoyarse en los líderes para proteger la calidad y la seguridad dentro del nuevo contexto.
La perspectiva
Observando el ámbito sanitario desde la distancia, con la intención de ganar objetividad, desde el prisma profesional, institucional y político.
¿Podemos afirmar que tenemos en consideración las recomendaciones de la OMS?.
¿Se ha establecido el debate social, técnico y científico de forma ordenada y sistematizada con el objeto de afrontar las consecuencias inevitables de una racionalización de las partidas sanitarias y aplicar medidas de ahorro finalistas basadas en la evaluación previa?
Mas bien, me atrevo a afirmar que no.
- Nada se ha aportado a la adecuación de los programas de salud pública para los próximos años. Sabemos que no vamos a disponer de más recursos, pero la contención presupuestaria no es incompatible con la reconversión de programas y la introducción de nuevos proyectos coste efectivos. Ni el cribado de enfermedades neonatales, ni la política de trasplantes de órganos y tejidos, por poner dos ejemplos, tienen por que mantenerse en parálisis técnica.
-Hemos introducido medidas de aseguramiento que se están aplicando con poco rigor, un amplio grado de discrecionalidad y no se han desarrollado los procedimientos generales para ponerlos en marcha. No se aplican ni con uniformidad ni con sensibilidad. probablemente, a fecha de hoy, no podemos afirmar en base a los datos de tarjeta sanitaria y contabilidad analítica, la repercusión económica positiva de las medidas, ni siquiera anticipar la tendencia.
-La coordinación entre niveles asistenciales sigue sin avanzar; continúa funcionando la atención primaria, la atención especializada y los recursos sociosanitarios como departamentos estanco.
- Se desconoce la aprobación y aplicación de medidas de eficiencia.
- Las implicación de los profesionales y programas de motivación en políticas de recursos humanos pueden considerarse ausentes. Aficionados bien colocados y mejor retribuidos; profesionales con derechos amputados. Las medidas de recorte se centran prioritariamente en la limitación de sus derechos. Y se mantiene la la duda generalizada sobre si se genera verdadero ahorro global.
-La política de investigación, de apoyo al conocimiento, el acceso a la bibliografía médica para disponer de la mejor evidencia científica en regresión.
Las complicaciones son inversamente proporcionales a las precauciones que se toman
En medicina, tenemos muy en cuenta la máxima que afirma que las complicaciones son inversamente proporcionales a las precauciones que se toman.
Probablemente también sería interesante aplicarla a las políticas sanitarias. No estaría de más tener nuestra propia hoja de ruta, en consonancia con las recomendaciones de las organizaciones internacionales y los técnicos, sin injerencias poco racionales, de cariz puramente político, de poder o personales, sin clientelismo y en base a decisiones apoyadas y consensuadas con expertos, con un adecuado liderazgo institucional.
A pesar de las limitaciones intrínsecas a nuestras políticas de salud hay que estar atentos a la premisa mayor. Evitar la discriminación económica sectorial. Dentro del ajuste, en plena racionalización y medidas de sostenibilidad, dos parámetros interesantes a tener en cuenta. Primero, el presupuesto per cápita comparado con el resto de comunidades autónomas, puede ser el principal indicador que marque la línea clara entre la equidad presupuestaria y la discriminación. El segundo, la redistribución de recursos, razonada y argumentada, con la correspondiente autonomía de gestión vinculada a objetivos, para favorecer la eficiencia.
Como corolario, es lógico preguntarnos, ¿estamos en condiciones de orientar nuestros presupuestos sanitarios a nuestras necesidades?.
El lector tiene su propia respuesta. Yo, como el lector, también tengo la mía.