Por primera vez el poder público deja de pagar sus obligaciones

El Consell Insular de Mallorca acaba de adoptar una decisión trascendental que quiero pensar no ha sido suficientemente ponderada: dejar de pagar el dinero derivado de las obligaciones legalmente contraídas por Televisió de Mallorca, una sociedad cien por ciento propiedad de la institución. El miércoles pasado, con el voto del Partido Popular y la significativa abstención de los socialistas y los nacionalistas, el Consejo de Administración de la empresa pública decidió no pagar sus deudas y convocar un concurso de acreedores. Es decir, ahora el juez llamará a las partes y les dirá que tienen que hacer una quita y priorizará quién cobra y quién no cobra. Mientras, los trabajadores, las productoras e, incluso, la empresa que ganó una demanda porque tenía un contrato firmado para indemnizar a una constructora por la compra de la finca de Son Puig, habrán de esperar.

Es la primera vez en la historia reciente de Baleares en la que el poder público reconoce que tiene deudas a través de sus empresas y que dice abiertamente que no las va a pagar y que allí se apañen los acreedores y el juez con lo que queda, que es la finca de Puig y poco más. Es una decisión absolutamente grave que afecta de forma crítica al mundo mercantil: el Consell de Mallorca, el sector público en definitiva, no discute las indemnizaciones, las facturas o las sentencias judiciales, simplemente dice que no las paga, que no tiene dinero.

SIN JUSTIFICACIONES

Estamos ante una decisión que el propio conseller del PP, Jaume Juan, no justifica: dice que, efectivamente, se adeuda el dinero de las productoras, se adeudan los 12 millones que la constructora ha exigido como indemnización y que la Justicia ha tomado en consideración y que, además, se adeudan 20 millones en créditos bancarios acumulados del pasado. No se discuten los conceptos, sino que simplemente se dice que no hay dinero y se declara el concurso de acreedores porque el Consell no va a poner lo que personal nombrado por el Consell ha gastado de más o ha firmado sin saber lo que firmaba. Juan señala que no tiene los 15 millones que habría que aportar para atender todas las obligaciones. Y a otra cosa.

No se pierdan el detalle de que ningún partido ha estado en contra de esta medida: todos aceptan el incumplimiento de los compromisos firmados, lo cual carece de precedentes en Baleares. ¿Van a ir estos gestores a la banca a pedirle préstamos para financiarse cuando en una de sus empresas están diciendo que el juez haga lo que quiera, que no van a aportar el dinero que legalmente se adeuda?

La totalidad de las empresas públicas de Baleares se hallan en la misma situación: han gastado más de lo que tenían y de lo que sus activos podrían justificar. No hace tanto un informe explicaba lo que sabemos, que IB3 está igual, o incluso peor. Como casi todas las demás empresas. Algunas tienen el aval de la Comunidad en sus créditos -lo que permite a la banca ir contra esta- pero en otros casos, no, lo cual podría conducir a esta situación, absolutamente sin precedentes.

Ahora, el administrador judicial tendrá que vender los bienes, hacer un balance de los recursos disponibles, pagar a los que tienen prioridad y dejar con sus contratos incumplidos a otros agentes que creyeron en el poder político y que por eso aceptaron financiar lo que nunca le hubieran consentido a un particular.

PRECEDENTE PROBLEMÁTICO

Estamos abriendo nuevas páginas en la gestión pública, en este caso extremadamente grave, preocupante. No me puedo imaginar cómo se puede ir mañana a un banco a pedirle dinero tras haber dejado de pagar lo que se había firmado. No me puedo imaginar cómo se puede ejercer el poder fiscal ante estas productoras a las que se ha dejado este impago y que se les dice que vayan al juzgado.

Aquí, como ven, hay algo más en juego: la seriedad de la política. En el mundo mercantil, el dinero se presta por el aval que da el prestatario. Y el poder público, el estado en definitiva, había tenido la credibilidad de que siempre cumple sus compromisos (lo cual no significa aceptar todo lo que le pidan, sino pagar todo lo que le es legalmente exigible). Se puede estar en una situación financiera delicada, se puede incluso estar en situación de insolvencia, pero nunca se puede dejar de cumplir con los compromisos firmados y asumidos legalmente porque eso rompe la relación de confianza. El día a día de la gestión de lo público exige que se crea en la palabra de los políticos; este incumplimiento no es cualquier cosa: abre una brecha que, precisamente en esta crisis, no pasará desapercibida.