Nos merecemos unos gobernantes que acaten las leyes que nos amparan

Supuestamente, las españolas contamos con una Ley Orgánica de Reproducción Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo desde 2010. Decimos esto porque actualmente el derecho a abortar no lo tenemos garantizado en les Illes Balears. La consellera Carmen Castro anunció que en 2012 se dejaría de concertar servicios de interrupción voluntaria de embarazos con las clínicas privadas y que éstos se harían en hospitales públicos.

Desde amplios sectores de la sociedad, le pedimos garantías de que se respete el derecho a abortar según la Ley. Surespuesta fue que las mujeres que se vieran en trance de abortar, lo harían en hospitales públicos con total garantía y los casos en que no se pudiera cubrir, se remitirían al sector privado, haciéndose cargola Administración del pago por los servicios. Al parecer, y según las noticias que tenemos, sus garantías son papel mojado.

Recién estrenado el año, ya tenemos constancia de mujeres que han ido a hospitales y/o centros de salud a las que se les ha invitado a dirigirse a clínicas privadas, desde luego, pagando de su bolsillo. También tenemos constancia de que ningún centro sanitario público ha recibido directriz alguna de actuación para garantizar el cumplimiento de la Ley. Nadie sabe nada. Tampoco hay directrices para regular el derecho de objeción de conciencia del personal sanitario.

¿Podemos pensar que la consellera ha actuado con total improvisación en un tema tan delicado y que no permite ninguna demora en la actuación? La verdadera razón es que están comprometidos con el sector más fundamentalista y retrógrado de la derecha, el llamado “Instituto de Política familiar de Baleares” que pretende la desaparición de ese derecho. Para ello, no dudan en acudir a la peor de las demagogias, como la de subrayar los abortos reincidentes.

Efectivamente, en todas las comunidades autónomas y desde siempre, en torno al 1% de los abortos corresponde a mujeres que han abortado cuatro y más veces. Nos preguntamos si esta acusación contra “las reincidentes” tiene las mismas consideraciones que para quienes reinciden en consumo de tabaco, alcohol, drogas..., y que conduce a patologías mucho más costosas de atender que una IVE.

Lo que denota esta situación es que hay aún mujeres con un nulo control de su fecundidad, que no pueden negociar el uso de anticonceptivos, que la necesaria educación sexual no llega a mujeres y hombres y la falta de recursos e interés para llevarla a cabo desde los organismos públicos y medios de comunicación.

La consigna más antigua del movimiento feminista es “Anticonceptivos para no abortar, aborto para no morir”. Es hora de recortar gastos superfluos, y sabemos que hay muchos, pero no permitiremos recortes en nuestros derechos.

 (*) Associació de Dones de Illes Balears per a la Salut (ADIBS).