El Defensor del Usuario de la sanidad pública echa el cierre

La Conselleria de Salut ha decidido echar el cierre a la oficina del Defensor de los Usuarios del sistema sanitario público y ahorrarse 135.000 euros anuales, una cantidad importante pero que hubiera estado justificada si la labor de este organismo hubiera sido de verdad operativa, además de independiente, algo que está claro que no era. No quiero con esto desmerecer la labor de nadie, especialmente la de Pilar Sánchez Cuenca, una profesional de la sanidad a la que admiro profundamente, una enfermera que ha trabajado más de 20 años en Son Dureta, donde ocupó diversos cargos de responsabilidad, y que ha sido directora de la Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia de la UIB, con una gran trayectoria en puestos docentes y de gestión, por tanto, y que quede claro, esta opinión no tiene nada que ver con ella, todo lo contrario, creo que ha dignificado el puesto durante los años en los que ha estado al frente. Pero, dicho esto, seamos sinceros, ¿cómo puede ser independiente un organismo financiado por el propio Ib-Salut, que es el que hace y deshace, nombra a sus responsables y toma las decisiones finales, ya que las del Defensor de los Usuarios no son vinculantes? No puede, porque no se va a condenar a si mismo ni va a reconocer sus propios errores o los de su personal, cuando su obligación es defenderlos. Esta Oficina sólo sirve para recoger las quejas y hacérselas llegar a quien corresponda, pero poco más, porque está atada de pies y manos y quienes han acudido ahí como último recurso lo saben, por mucho que el defensor, en este caso defensora, haga hasta lo imposible por impedir que sus informes acaben en los cajones de los despachos.