Estamos en pleno proceso de reforma de nuestro sistema sanitario. Proceso de reforma provocado por algo tan sencillo y tan doloroso, como que no tenemos la disponibilidad económica suficiente para financiar el sistema de prestación tal como funciona en la actualidad. Sistemáticamente se produce un desplazamiento entre el presupuesto aprobado y el balance anual de cuentas; se crea un diferencial entre el dinero reservado para afrontar el coste de la asistencia y el gasto real generado. Esta reforma se va a ejecutar mediante la aplicación de un Real Decreto, y por tanto por medio de una norma ejecutiva, de gobierno; a diferencia del procedimiento legislativo que introduce el debate parlamentario y no solo la votación del texto.
El continente
El continente, es el Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, cuyo desarrollo responde literalmente a la primera parte del nombre –garantizar la sostenibilidad- e intenta no afectar a la calidad y seguridad de la prestación.
El contenido
Las medidas. Está integrado por una serie de medidas que afectan al aseguramiento y por tanto al derecho a la asistencia y a su financiación, que repercuten en la propia definición del modelo sanitario, intenta racionalizar la cartera de servicios básica, e incluye acciones sobre el personal, regulando aspectos profesionales, laborales y retributivos, además de intervenir de lleno en la política farmacéutica.
Lo más controvertido y lo que ha provocado más debate social es la participación del ciudadano en el pago de medicamentos, productos sanitarios y prestaciones y lo más trascendente pero menos tangible, menos visible, es la repercusión sobre la forma de atender a los paciente y a la financiación de la asistencia.
Instrumentos y aspectos relevantes. El nuevo texto legal introduce cambios significativos que deben ser analizados desde cuatro grandes prismas. El de la asistencia sanitaria, el procedimiento de implantación, los requisitos técnicos necesarios para su puesta en marcha y las repercursiones legales del articulado en los ámbitos del derecho, del pago de la atención y la protección de datos, sanitarios y económicos.
Las ventajas
Es una apuesta valiente para la adecuación de los derechos y generar ahorro. La mera comparación entre los derechos de cada usuario, titular o beneficiario y su situación en la seguridad social, ha detectado una bolsa importante de fraude; ciudadanos que accedían gratuitamente a la prestación farmacéutica sin cumplir los criterios requeridos. ¿Fraude por parte de unos, o dejadez de funciones por parte de otros? Probablemente las dos cosas.
Los inconvenientes
Es difícil habilitar intervenciones sobre la universalidad del derecho a la asistencia, sin afectar a la accesibilidad de los más débiles y los más necesitados. No resulta nada fácil mantener el equilibrio entre los derechos de asistencia y los principios de justicia social. Debemos estar atentos, a que la coparticipación en la financiación de las prestaciones permitan la entrada a la inequidad, y que los parámetros de acceso a la asistencia puedan producir un problema de salud pública.
Las preocupaciones
Toda iniciativa de cambio, genera cierto grado de preocupación, en los afectados, por un lado los ciudadanos de derecho y por otro los profesionales.
-La lista de fármacos que dejan de ser financiados por la administración, indicados para síntomas menores y muy frecuentes, son muy económicos. Es previsible un desplazamiento hacia moléculas más caras y no es descartable que se pueda generar una inflexión en la tendencia de ahorro de los últimos cuatro años. El perfil de prescripción de los médicos de baleares y la política de precios del Ministerio de Sanidad ha conseguido que el gasto en medicamentos por receta médica de nuestra comunidad sea de los más bajos de la Unión Europea, con un nivel de calidad muy elevado.
- Si se genera un doble formulario de prescripción, el de fármacos financiados y el de fármacos de pago, se abre a la puerta a la confusión.
- Que algunas personas se queden sin la medicación de la que depende su vida por razones económicas.
Conclusión
El nuevo texto, tiene potencialidad para ser un buen instrumento para contribuir a la sostenibilidad del sistema sanitario si, en el seguimiento de su implantación, somos capaces de intervenir en aquellos ámbitos o aspectos en los que pueda generar injusticia o inequidad y responder ante ella. Solo será un buen instrumento, si cumple su objetivo sin efectos secundarios.
Servirá también, como barómetro, para evaluar, por la vía de la observación, si nuestra administración y las tecnologías de la información sanitaria responden con agilidad y rigor. La “política de información”, el departamento de “Tarjeta sanitaria” y la aplicación informática de “Receta Electrónica” se encuentran ante un verdadero examen.
Por último, un ruego. Una medida puede ser muy compleja en su análisis y en la planificación. Su implantación debe resultar forzosamente sencilla para los ciudadanos y para los profesionales. Por favor, esforcémonos en hacerlo fácil, en no generar más burocracia.
