Fumata blanca, habemus laudo. El fallo del árbitro Manuel Pimentel tiene un punto de histórico porque sienta las bases para que las relaciones laborales entre los controladores aéreos y la empresa pública estén basadas, a partir de ahora, en la racionalidad. Probablemente a la mayoría de los lectores le parezca una aberración que se les garantice un salario medio de 200.000 euros, pero es el mal menor teniendo en cuenta los derechos adquiridos, la singularidad de su trabajo y la capacidad que tenían los controladores para cambiar las condiciones con un simple conato de paro o un periodo de huelga de celo soterrada bajo excusas técnicas. El laudo es de obligado cumplimiento hasta el 2013, lo que garantiza el control aéreo y la paz laboral en torres y centros. Un alivio para el viajero y para el sector turístico aunque le cueste caro al Estado. Pero no tanto, porque el laudo mantiene las horas de trabajo anuales por encima de la media de los controladores de países de nuestro entorno, eso sí, a costa de mejores salarios, y porque el fallo Pimentel sienta las bases para conseguir mayor productividad, menos horas extraordinarias y menor absentismo. Aena ya sabe a qué atenerse y los controladores ya saben los límites que no pueden atravesar. Siguen siendo una casta privilegiada, pero ahora están controlados. La clave es que el laudo no se convierta en un precedente inamovible, porque los nuevos controladores y los nuevos sistemas de acceso no tienen por qué regirse por los antecedentes de este grupo que tanto se ha enriquecido y que tanto daño a hecho a la economía privada y también a la pública. La doctrina Pimentel puede marcar un futuro más justo, equilibrado y sostenible para esa profesión tan singular, importante y necesaria.
