La primera jornada del juicio por la trama de subvenciones de la empresa Video U tocó a su fin con la declaración del que fuera propietario y administrador de esta productora Miquel Oliver Reus dando su versión sobre los hechos relativos a la concesión de dos subvenciones por parte del Consell de Mallorca y a la venta de sus acciones de la empresa a los también acusados Miguel Sard y a Víctor García.
Miguel Oliver Reus confirmó que nunca tuvo ningún tipo de contacto con Maria Antònia Munar tanto en lo que se refiere a la compraventa de su productora Video U como en la tramitación de dos subvenciones por parte del Consell de Mallorca de las cuales esta productora audiovisual fue beneficiaria.
El que se ha reconocido “alma mater” o “máximo representante” de Video U puso énfasis en que el Govern Balear de Jaume Matas en 2003 le dijo que no obtendría ninguna subvención del ejecutivo balear y que ello lo empujó a dirigirse al Consell de Mallorca. Miguel Oliver tiene múltiples lazos que lo unen al PSIB-PSOE.
La declaración del acusado Miguel Oliver estuvo llena de contradicciones, y así lo puesieron de manifiesto tanto abogados defensores como incluso Juan Carrau quientuvo que reformular preguntas y hacerle ver a Oliver que entraba en contradicción con lo declarado en fase de instrucción.
El juicio tuvo inicio a las 10:30h de la mañana del lunes con el planteamiento de nuevas pruebas por parte de Ministerio Fiscal y de las defensas. El Tribunal desestimó la práctica de pruebas que suponían la suspensión del juicio a pesar que las defensas proponientes, sobretodo la de Maria Antònia Munar, alegaron indefensión por esta inadmisión.
El Tribunal también denegó a la asociación Democracia y Justicia, personada como acusación popular, la presentación de un escrito de acusación distinto del de la Fiscalía siendo esta acusación declarada como “adhesiva” y será en su escrito de conclusiones definitivas cuando podrá presentar una versión diferente si lo estima. Esta acusación popular informó que no reconocía las atenuantes aplicadas por el Ministerio Público a Oliver, Almiñana y Rullány que por tanto para ellos también pedía la pena máxima dejando sin efecto el pacto de los confesos.
Durante el juicio, el magistrado presidente de la sala llamó la atención por dos veces al fiscal anticorrupción Juan Carrau por plantear cuestiones que no son objeto del juicio de esta pieza separada. En la misma línea, Josep Zaforteza, abogado de Miguel Nadal, también denunció que se producía indefensión de las partes.
