Los okupas de Son Busquets saquean uniformes, ordenadores y porras de los antiguos vigilantes

Alrededor de entre 30 y 40 okupas viven en el antiguo cuartel militar. Ahora, han tomado los almacenes de la empresa que lo vigilaba. En concreto, en las instalaciones de Son Busquets, los vigilantes guardaban bajo llave el centro logístico de la empresa y, según denuncian, los okupas han destrozado 60 uniformes, 12 porras, dos portátiles, nueve teléfonos móviles y se han llevado cinturones de seguridad y porras, lo que supone "numerosas pérdidas".

Ha sido esta pasada semana cuando los vecinos han alertado de que diferentes personas entraban y salían del cuartel tras haber reventado el candado de la puerta de la residencia oficial, que da a la calle San Vicente de Paul, y que permanece abierta dando libre acceso. Los okupas pasan la noche allí, y aunque durante el día no se hacen ver por la zona, a veces utilizan las instalaciones, como el pabellón o la galería de tiro, ubicada bajo tierra, donde hacen también fuego.

Además, los antiguos vigilantes alertan de que parte del edificio "está a punto de derrumbarse", lo que podría suponer una tragedia para las personas que habitan ilegalmente.

EL CUARTEL CONTINÚA CON NULA VIGILANCIA

Son Busquets se ha convertido en un centro de okupación. Pasó a ser propiedad de la Entidad Pública de Suelo dependiente del Ministerio de Transportes (Sepes) por 43 millones de euros. En ese momento, se inició un concurso para ofertar el servicio de vigilancia privada en el cuartel que quedó desierto, debido a que estiman que el coste laboral no les compensa.

A pesar de haber abierto nuevos concursos, el Sepes sigue sin aportar una solución provisional mientras se resuelve la licitación, y únicamente unos candados estaban protegiendo el cuartel, del que se han adueñado por completo los 'inkilinos'.

Este digital publicó cómo a principios de este verano los okupas y drogadictos ya irrumpieron en el cuartel al destrozar la valla de entrada, alojándose donde lo hacían los oficiales, en concreto 12 apartamentos en buen estado para vivir que están ahora destrozados. Los vecinos de Camp Redó se manifestaron el pasado mayo para exigir la vigilancia del cuartell ante el temor de que los okupas se hiciesen fuertes.Tal y como se esperaba, lleva más de tres meses sin vigilancia, y la delincuencia y la inseguridad ya se han instalado por completo.

EL FUTURO DE SON BUSQUETS, EN EL AIRE

Qué pasará con los terrenos de Son Busquets es todavía una incógnita. Cabe remontarse 13 años, en 2010, cuando el Ayuntamiento de Palma anunciaba, junto al Ministerio de Defensa- de quien era propiedad antes del Sepes- un acuerdo para construir 800 VPO en el cuartel. Sin embargo, la misma noticia fue el pasado mayo, antes de las elecciones, cuando Madrid y Cort, durante todavía el mandato del socialista José Hila, firmaron un convenio para urbanizar el solar y construir vivienda social. De esta forma, pertenecería al Ayuntamiento elaborar la normativa específica y redactar el Plan Especial de Reforma Interior (PERI), para poder así desarrollar el proyecto.

El ministerio de Defensa traspaba así el cuartel al Sepes con el objetivo de que esta entidad entregue la instalaciones al Ayuntamiento de Palma para cumplir con la construcción de dichas viviendas sociales a precios asequibles. A la llegada del nuevo equipo de Gobierno, el regidor de Urbanismo, Óscar Fidalgo, denunció la inexistencia de un documento que avale el proyecto, y que, además, tampoco hay ninguno sobre la supuesta cesión al Sepes, tan siquiera está redactado el PERI necesario.

Ante ello, y tras mostrarse contrarios al proyecto porque supondría "convertirlo en un nuevo gueto de Camp Redó", el popular Jaime Martínez apuesta por convertirlo en una gran zona verde que conviva con un uso residencial. Hasta ahora, Cort ha avanzado que han mantenido "conversaciones" con el Sepes, para exigir así al Gobierno central un documento firmado con la propiedad del solar.

El cuartel lleva dos décadas abandonado y su reconversión depende del Ministerio de Transportes, en un momento de incertidumbre política a nivel nacional.

Fue hace 16 años cuando la exalcaldesa del PP, Catalina Cirer, hizo un principio de acuerdo con el Ministerio de Defensa para construir en los terrenos.

Situación similar es la de la antigua cárcel de Palma, que se ha convertido en un basurero, llena de pintadas y también centro de okupación, donde ahora el Ayuntamiento ha mostrado su intención de construir vivienda pública en el solar, además de denunciar que tampoco hay ningún acuerdo firmado con la UIB, ya que se pretendía hacer una residencia de estudiantes.