Okupas, un negocio llave en mano

El fenómeno okupa ya no es sólo la práctica ilegal que tradicionalmente ha estado identificada con la acción de grupos antisistema o clanes marginales. En la actualidad, el fenómeno ha evolucionado hacia prácticas más sofisticadas, como las orquestadas por mafias organizadas que ven en esta fórmula una suculenta forma de hacer negocio.

Los datos hechos públicos por mallorcadiario.com durante esta semana ponen de relieve la evolución del fenómeno. Sólo en barrios como Son Gotleu o Camp Redó existen más de mil inmuebles ocupados ilegalmente que son "administrados" por mafias que cobran entre 600 y 800 euros a quienes quieren utilizarlos. La práctica de estas mafias puede ampliarse con el cobro de una tarifa por identificar y facilitar la entrada en viviendas a quienes deciden contactarles con este fin.

La Policía tiene identificados a una serie de grupos que se ejercen esta práctica y, de hecho, se ha procedido a efectuar decenas de registros en Palma, Manacor, Ibiza y Menorca. Sólo en lo que va de año se han realizado 37 registros, cifra que no refleja la magnitud real del fenómeno, pero que representa un sensible aumento en relación a actuaciones anteriores. Este mismo viernes se produjo una detención en Felanitx.

Es imprescindible reforzar esta acción judicial y policial ante la deriva que está tomando el asunto. No sólo por los perjuicios que ocasionan los okupas frente al legítimo ejercicio del derecho a la propiedad -ya sea de particulares o de bancos-, sino por el uso fraudulento que realizan de las necesidades que sufren familias que ven en esta opción una alternativa para hacerse con una vivienda. Algunos creen, incluso, que el pago de un alquiler a estas organizaciones legitima su entrada en la vivienda.

Corresponde a los estamentos oficiales -judiciales, administrativos y policiales- aumentar la presión frente este tipo de prácticas; unas prácticas que suelen ir acompañadas por episodios de tensión vecinal, desórdenes y problemas de convivencia. Son muchos los aspectos sobre los que pueden actuar los poderes públicos para atajar el fenómeno o, al menos, para reducir los efectos colaterales y frenar una actuación ilegal que, lejos de reducirse, va a más.