La Audiencia Nacional, en una providencia a la que ha tenido acceso
mallorcadiario.com, ha comunicado a la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) que se “abstenga” de ejecutar el desahucio de Trapsayates del puerto de Mahón. La APB anunció el pasado 18 de julio el desahucio administrativo de Trapsayates “para que cese de forma inmediata en la ocupación del dominio público portuario en el Muelle de Levante, entre la punta de Cala Figuera y la punta del Rellotge, del puerto de Mahón”. La providencia de la Audiencia Nacional atiende a lo expuesto por el abogado de Trapsayates, el madrileño Francisco Javier Jiménez de Cisneros, y advierte a la APB del “grave perjuicio” que supondría proseguir con el desahucio. La providencia llega tras
la paralización de la adjudicación por parte de la APB del Club Náutico de Ibiza, decisión comunicada por el Tribunal Superior de Justicia de las Baleares.
LA APB DEBE ACATAR LA PROVIDENCIA
La providencia, fechada en Madrid a 20 de septiembre, está firmada por los tres magistrados de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Textualmente se requiere a la APB a que “se abstenga de ejecutar el deshaucio y lanzamiento de la entidad Trapsayates S.L. de los bienes que explota económicamente en virtud de la concesión que la propia APB le otorgó en en el puerto de Mahón el 22 de diciembre de 2008”. Advierte la Audiencia Nacional que de obrar en caso contrario ello “supondría un grave perjuicio en orden al cumplimiento de los importantes y cuantiosos perjuicios e indemnizaciones fijados”.
Recuerda el texto que Trapsayates se encuentra intervenida judicialmente y que cuenta con dos administradores judiciales nombrados por el Juzgado central de Instrucción nº6 de la Audiencia Nacional. Así pues, la APB no puede continuar con el desahucio hasta que se “realice un pronunciamiento judicial firme” sobre los recursos pendientes.
INTENTO DE DESHAUCIAR A TRAPSAYATES
La APB ha intentado deshacer la concesión de Trapsayates alegando que su actividad se desarrolla en “un espacio que está siendo ocupado indebidamente y sin título habilitante desde que le fue notificada la declaración de caducidad acordada por el Consejo de Administración de la APB el 13 de diciembre de 2017”. Por ello comunicaron a la empresa el pasado mes de julio que el desalojo debía efectuarse “en el plazo improrrogable de tres días desde la notificación”.
Para reforzar la inminencia del desalojo llegaron a advertir a Trapsayates que “el Consejo de Administración ha delegado en el presidente de la APB la facultad de solicitar la colaboración de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en caso necesario”.
CASO MAR BLAU
Trapsayates gestiona 165 amarres del Muelle de Levante del Puerto de Mahón en virtud de la concesión de la APB desde finales del año 2008. El titular del Juzgado de Instrucción número 8, Antoni Rotger, cerró la instrucción del denominado caso Mar Blau en agosto de 2016. el caso se centraen los supuestos tratos de favor que habría recibido la empresa Trapsayates, entonces propiedad del expresidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) Gerardo Díaz Ferrán, en la concesión de la gestión de los amarres del puerto de Mahón.
A resultas del proceso penal resultaron imputados el expresidente de la Autoridad Portuaria de Baleares Francesc Triay, altos funcionarios de este organismo y varios empresarios. El juicio, en el que se prevén hasta 25 sesiones, tiene fecha de inicio el próximo 9 de enero de 2019.
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