Nueva Ley de transparencia de Baleares: punto y final a la Oficina Anticorrupción

La aprobación de esta nueva norma sitúa a Baleares como la primera comunidad autónoma en poner punto y final a un organismo de estas características. El PSIB ya ha anunciado que estudia la posibilidad de recurrir la norma al Tribunal Constitucional (TC).

Los expedientes que tenía en tramitación serán custodiados a partir de ahora por la Inspección General de Calidad y Servicios, con Catalina Ferrer, exnúmero dos de la Conselleria de Vivienda, al frente.

El texto avisa de que se declarará la caducidad de los procedimientos en curso que superen el plazo de seis meses o un máximo de nueve para los que estén prorrogados, a contar desde el inicio de las actuaciones y procediendo al archivo.

Al margen de la eliminación de la Oficina, la norma contempla que las declaraciones de patrimonio y actividades de los altos cargos pasarán a ser parcialmente confidenciales y que las denuncias no podrán presentarse amparándose en el anonimato.

La norma publicada este jueves por el BOIB crea además el Registro de Transparencia como órgano administrativo adscrito al Parlament y la Mesa, que será la encargada de adoptar las medidas pertinentes en relación a los recursos materiales y humanos que sean necesarios para el buen funcionamiento. Este registro, dice la ley, tendrá carácter reservado y, además, cualquier acceso quedará registrado.