El Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) ha dictado una sentencia en la que obliga al Govern a que indemnice con 39,8 millones de euros a un propietario afectado por la desclasificación de la zona de Biniorella, en Andratx, después de que la Ley del suelo de 2008 cambiara la clasificación de su propiedad. Cabe destacar que no es la primera condena al respecto: ya son cuatro las que pierde el Ejecutivo balear por la protección de fincas en la zona.
En concreto, la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo declara el derecho del recurrente, L.J.R, a que "la Administración de la Comunidad autónoma de Baleares le indemnice" en la cantidad de 39,8 millones "más los intereses legales correspondientes desde el 11 de mayo de 2009", cuando se puso la reclamación.
En la sentencia se recoge cómo esta nueva normativa "dio una nueva clasificación a los terrenos (...) sin atenerse a la situación fáctica de los mismos (suelo urbano) y sin tener en cuenta la jurisprudencia relativa a la fuerza normativa de lo fáctico".
Cabe resaltar que el afectado tenía siete fincas con una superficie total de 98.196 metros cuadrados, que tras el cambio de normativa, se convirtieron en suelo rústico con una protección de Área natural de especial interés (ANEI) o Área rural de interés paisajístico (ARIP). En concreto, las fincas tenían 16.300 m2, 28.760 m2, 5.083 m2, 15.505 m2, 7.117 m2, 3.565 m2, 6.226 m2 y 15.640 m2.
Esta es la cuarta y última actuación procesal al respecto de distintos terrenos en esta zona de Andtratx que el Govern dirigido por Francesc Antich desclasificó y convirtió en suelo rústico.
Ante dicho escrito, que se ha hecho público este martes, cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo, aunque se establece que si este se basa en infracción de normas de la Comunidad autónoma será competencia del propio TSJIB.
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