Los extranjeros sin tarjeta sanitaria tendrán que pagar

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha asegurado que, tras las reformas en el Sistema Nacional de Salud, "ningún extranjero quedará desatendido" pero ha recordado que quien no tenga la tarjeta sanitaria tendrá que abonar el coste de la asistencia que reciba.

Mato participa en la sede de la Junta de Castilla y León en una reunión informal junto a consejeros de Sanidad de nueve comunidades autónomas (Aragón, Cataluña, Extremadura, Galicia, La Rioja, Madrid, Murcia, Comunidad Valenciana y Castilla y León) en la que se abordarán asuntos relacionados con la política de Recursos Humanos de las administraciones.

En la introducción del encuentro, la ministra ha realizado un balance del proceso de reformas que se han llevado a cabo en el Sistema Nacional de Salud y que, a su juicio, han supuesto "un paso hacia la universalidad" ya que, por primera vez todos los españoles y extranjeros con residencia legal en el país tienen garantizado el derecho a la sanidad a través de la tarjeta sanitaria.

Además, ha recalcado que está "especialmente asegurados" los tratamientos de urgencia y el seguimiento de los enfermos crónicos para extranjeros sin cobertura asistencial y sin residencia legal en España, así como la asistencia sanitaria a los menores y las mujeres embarazadas.

"Nadie va a quedar desatendido, pero el que no sea titular de la tarjeta sanitaria deberá abonar dicha asistencia tal y como estaba previsto en la Ley General de Sanidad de 1986", ha apuntado.

No obstante, ha aseverado que el nuevo marco legal para regular el derecho a ser asegurado y beneficiario de la Sanidad "no es una cuestión de ajuste económico", sino que se trata de cumplir con el reglamento europeo y de garantizar el principio de reciprocidad en relación con el tratamiento que reciben los españoles cuando son atendidos en otros países.

Así, ha incidido en que la tarjeta sanitaria es el documento acreditativo para estar asegurado con validez en España y Europa y permite a los españoles tener el derecho a ello en el continente europeo a cargo del erario público español. También, ha advertido, se han adoptado medidas para poner freno al turismo sanitario que, según el informe del Tribunal de Cuentas, ha costado más de 1.000 millones de euros cada año.