El socialista Miguel Oliver, pactó con la fiscalía y no devolvió el dinero

El objetivo de los pactos que ofrecen los fiscales a los imputados es, teóricamente, obtener su ayuda para esclarecer los hechos que se están investigando. No obstante, la praxis ha llevado a una perversión de este espíritu al utilizar declaraciones de imputados como única prueba acusatoria en contra de la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional.

El caso “Temps d’Esports” cuyo juicio empieza la próxima semana,  viene determinado por el pacto con los fiscales al que llegó el empresario audiovisual Miguel Oliver. Oliver pactó una confesión con el fiscal Juan Carrau a principios de 2010 después de haberse iniciado la investigación y en sentido contrario a una declaración previa ya realizada. Se desconoce si en este acuerdo con anticorrupción existió la mediación o el consejo de Antoni Oliver Reus, magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia y hermano de Miguel Oliver.

Esta declaración pactada daba un giro total tanto jurídico como mediático al caso puesto que implicaba a la ex presidenta del Consell de Mallorca y en esos momentos presidenta del Parlament de les Illes Balears Maria Antònia Munar.  La certeza o no de estos hechos deberá ser esclarecida en juicio puesto que la implicada lo ha negado desde el primer momento. 

Tal y como recoge el sumario del caso “Temps d’Esports”, se investigan diferentes cuestiones relacionadas con Vídeo-U y en particular la concesión de determinadas subvenciones por parte del Consell de Mallorca hacia esta empresa a cambio, según sostiene el Ministerio Fiscal, de hipotéticos favores políticos. En el marco de estas investigaciones se citó a declarar a los implicados. En las primeras declaraciones Miguel Oliver, Luisa Almiñana, Ramón Rullán, Miguel Sard, Miguel Nadal y Víctor García dieron una primera versión en la que niegan cualquier acusación.

Sin embargo, después del citado pacto con el Ministerio Público, Oliver, Almiñana y Rullán cambiaron su versión implicando directamente a Miquel Nadal afirmando que Miguel Sard era su testaferro, y también afirmaron que "sospechan o saben de manera indirecta" que García representaba los intereses de Munar. Oliver declaró por escrito y los otros dos se adhirieron a lo por él manifestado. 

De este momento llama la atención la declaración hecha por implicados quienes afirmaron ante el juez que Miguel Oliver la llamó para convocarlos a una reunión para cocinar la que tenía que ser su declaración, encuentro al que algunos se negaron a acudir.  

Le corresponderá a Oliver demostrar si tiene pruebas claras sobre lo afirmado en referencia a la propiedad de la empresa Video-U.