El papel de los fiscales en "La Conspiració contra els mallorquins"

“La Conspiració contra els mallorquins” vuelve en su cuarto capítulo dedicado en esta ocasión a los fiscales Anticorrupción de Baleares. Jaume Sastre y Josep Palou les sitúan en la posición de ejecutores de la “caza de brujas” contra mallorquines.

El artículo centra buena parte de su redacción en el mallorquín Pedro Horrach a quien se acusa de haber realizado actividades económicas al mismo tiempo de desarrollabas su labor en Fiscalía Anticorrupción a pesar de la incompatibilidad legal de ello y de la sanción de suspensión que acarrea. Para tal afirmación se basa en el hecho que utilizara “el ordenador del ministerio de justicia para establecer contactos con dos empresas de Panamá y Argentina” para comprar un hotel y una fábrica. Colocan a Horrach como responsable de un correo firmado por su mujer Ana Zacher pero que estaba redactado en género masculino.

De Horrach también les llama la atención la “fortuna” amasada por su padre el extesorero del Consell de Mallorca Francisco Horrach gracias a la industria hotelera, y que su cuñado haya integrado listas electorales del PSOE.

Los autores también recuerdan una investigación realizada por el periódico La Gaceta en la que se informaba de que tanto Pedro Horrach como Juan Carrau habían escriturado sus viviendas a un precio notablemente inferior al precio de tasación para la hipoteca –cantidad más ajustada al valor de mercado- con la consiguiente rebaja en la cantidad pagada en impuestos.

De Miguel Ángel Subirán destacan el vocabulario que usa para referirse a Unió Mallorquina ante los tribunales. De hecho, algunos abogados han protestado por ello haciendo ver que no se está “en la barra de un bar”.

Los autores de La Conspiració contra els mallorquins quieren demostrar que existe una “represión selectiva de la fiscalía” al observar que en los casos judiciales de Can Domenge y Peaje hay funcionarios que, si bien su actuación era necesaria para que la actividad se llevara a cabo, no han sido imputados. En el primer caso se refieren al padre de Pedro Horrach que fue quien cobró el cheque de pago por el solar de Can Domenge como tesorero del CIM, y en el segundo a su hermana que fue quien autorizó el pago de horas extras al excelador de la carretera Palma – Manacor como interventora delegada en el Departamento de Obras Públicas.

También argumentan la persecución contra mallorquines por el hecho que todos los empresarios imputados por el caso Peaje sean de la isla a pesar de las obras de la MA-15 fueran ejecutadas por una UTE en la que el 40% estaba en manos de una empresa de Madrid.    

Palou y Sastre destacan las palabras del jefe de los fiscales en Baleares Ladislao Roig quien se quejó del actual sistema de nombramiento del Fiscal General del Estado a manos del ejecutivo central ya que considera que “halaren estas condiciones de autonomía del Ministerio Fiscal seria una falsedad.