Cabrer: “La adjudicación a la empresa de la pareja de Armengol está llena de irregularidades flagrantes”

El PP acusa al PSIB de contratar irregularmente a la empresa Jardins de Tramuntana, a la que está vinculado la pareja sentimental de Francina Armengol. Así lo confirma -según relatan los populares- un informe de la Sindicatura de Cuentas que señala que en la adjudicación del contrato por parte del Ayuntamiento de Palma dirigido por Aina Calvo no se respetó la legalidad. Este informe fue solicitado por Cort después de las sospechas generadas al revisar el expediente. 

En declaraciones a mallorcadiario.com, la diputada del PP Mabel Cabrer asegura que el informe es “bastante duro con todo el procedimiento, desde el principio hasta el final, por estar lleno de irregularidades flagrantes”.

Si bien las medidas a llevar a cabo en principio corresponden al consistorio palmesano -que ya está estudiando el caso-, según Cabrer el tema también merece ser tratado en la sede del PP debido a su importancia, sin descartarse ningún tipo de acción como por ejemplo la judicial.

Según Mabel Cabrer, Francina Armengol evidencia sus nervios por la manera en que ha reaccionado cuando el PP ha hecho pública la irregularidad del proceso ya que ha interpuesto una demanda contra el diputado menorquín Antoni Camps. A los populares les llama la atención que Armengol aún no haya salido a "dar la cara" ante las informaciones relacionadas con la adjudicación del contrato a una empresa relacionada con su pareja así como que el PSIB demuestre una doble vara de medir. “Nos preguntamos que hubiera dicho Armengol si el caso hubiera sido al revés” afirma Cabrer.

En concreto, las irregularidades a las que hace referencia el informe son que no se exigiera clasificación para participar en el concurso, que no fuera publicado en el Boletín Oficial de la Unión Europea (DOUE) o que los criterios de adjudicación fueran muy genéricos.

En lo que se refiere al contenido del expediente de adjudicación, según la Sindicatura de Cuentas carece de varios documentos preceptivos en este tipo de procedimientos como un estudio de necesidades, la insuficiencia de medios propios y el precio destinado al cumplimiento.

Otra cuestión de importancia esgrimida por la Sindicatura es que se otorgó un plazo de 16 días a los licitadores cuando conforme a ley deberían de haber sido 52 y que no existe registro o control de entrada de las ofertas que asegure su integridad.

También se considera extraño que la oferta de Jardins de Tramuntana no hubiera sido descartada a pesar que esta empresa presentó números negativos en sus cuentas de los ejercicios 2004, 2005 y 2006 y que no se acredite la solvencia económica del licitador.