La sentencia por el caso Video U que condena a 5 años y medio de cárcel a Maria Antònia Munar expone como una de las argumentaciones para interponer tal pena el “contexto social que desgraciadamente vivimos”.
Teniendo en cuenta que todas las encuestas sociológicas sitúan la crisis económica como principal preocupación de los ciudadanos, el fallo judicial de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial da a entender que la actual coyuntura financiera es un motivo para imponer una pena en su grado superior a pesar que los hechos enjuiciados sucedieron en 2004, mucho antes que los indicadores económicos mostraran una situación de regresión.
Si bien los hechos enjuiciados tienen incidencia directa en las finanzas públicas, resulta llamativo que la expresidenta del Consell de Mallorca sea utilizada como chivo expiatorio de los graves problemas de liquidez que padecen actualmente las instituciones sin que todos los partidos políticos que han gobernado den cuentas también a los tribunales de su gestión.
