El INE publica su nuevo índice para el alquiler de 2025, así afectará a los contratos

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado por primera vez el índice de referencia para la actualización anual de los contratos de alquiler. Este nuevo indicador se fija en un 2,20 por ciento interanual para el pasado mes de noviembre. Esto afectará directamente a los contratos de arrendamiento firmados desde la entrada en vigor de la Ley de Vivienda, el 25 de mayo de 2023, marcando un límite en la revalorización de las rentas en 2025.

En Baleares, una de las comunidades más tensionadas por los altos precios del alquiler, el nuevo índice puede suponer un respiro para los inquilinos. Este límite busca evitar subidas desproporcionadas en un mercado ya complicado, especialmente en áreas urbanas como Palma, donde la demanda de vivienda supera con creces la oferta disponible.

Según datos recientes, la actualización de los contratos con el nuevo índice afectará a una parte significativa de los arrendatarios en las islas, especialmente aquellos que han firmado contratos desde mediados de 2023. Sin embargo, los contratos anteriores a esa fecha continuarán actualizándose según lo estipulado en el acuerdo firmado, ya sea con el IPC o el Índice de Garantía de Competitividad (IGC), que sigue topado al 2 por ciento.

El nuevo índice de referencia combina el IPC, la inflación subyacente y parámetros económicos propuestos por el Ministerio de Economía y el Ministerio de Vivienda. Este enfoque busca garantizar un equilibrio entre las necesidades de los inquilinos y la estabilidad del mercado de alquiler, limitando las revalorizaciones en un contexto de inflación elevada.

En 2024, las rentas de alquiler estuvieron limitadas de manera extraordinaria al 3 por ciento, una medida implementada para mitigar los efectos económicos derivados de la guerra en Ucrania. Ahora, con el nuevo índice en vigor, se establece un mecanismo más predecible y adaptado a las circunstancias actuales.

Para los contratos firmados antes de mayo de 2023, las actualizaciones anuales seguirán dependiendo de lo estipulado en cada acuerdo. En estos casos, las rentas podrán actualizarse según el IPC o el IGC, manteniéndose el límite del 2 por ciento como tope máximo.

Fuentes del Ministerio de Vivienda han señalado que este doble sistema “busca respetar los acuerdos previos a la Ley de Vivienda” al tiempo que introduce “un marco más equitativo para los nuevos contratos”.