La incertidumbre legislativa y la inseguridad jurídica ralentiza el mercado inmobiliario isleño

En los últimos meses, la presión social para actuar sobre la compraventa de viviendas y los alquileres ha llevado al Gobierno central, a los ejecutivos autonómicos y a los municipios a implementar una serie de medidas que, a la postre, los único que han logrado ha sido generar incertidumbre y una cierta inseguridad jurídica que ha afectado de lleno al mercado inmobiliario.

El Banco de España ha podido constatar que las últimas medidas legislativas han derivado en un encarecimiento del tipo de interés medio en la compraventa de viviendas, mientras que la inseguridad jurídica se ha apoderado de los propietarios de viviendas ante el anuncio de algunos ayuntamientos como el de Barcelona y ahora el de Palma de limitar el precio de alquiler.

Desde el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Baleares (API), su presidenta, Natalia Bueno, reconoce que existe una cierta inseguridad jurídica especialmente entre los propietarios que observan con reticencia cómo se van a concretar las medidas que se anuncian dentro del mercado inmobiliario isleño.

"Hemos podido constatar que desde el cuarto trimestre del pasado año, los precios de los alquileres se han estancado en Baleares y en algunas zonas han bajado. No obstante, hay que dejar claro que existe muy poca oferta y ésta es cara pues en Palma es muy complicado encontrar un piso de dos habitaciones por menos de 1.000 o 1.200 euros, mientras que en los pueblos los precios se encuentran sobre los 650 euros", señala Natalia.

La prohibición en Palma del alquiler vacacional en determinados barrios parecer ser que está dando sus frutos pues, según Bueno "ha aumentado el número de propietarios de alquiler vacacional que ha vuelto al alquiler normal. Además hay un 30 por ciento de éstos que los han puesto a la venta".

Las recientes declaraciones de la nueva titular de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma, Neus Truyol, en las que anunciaba la imposición de medidas para limitar el precio de los alquileres en determinadas zonas calificadas como de "urgencia habitacional" no lo ven muy claro desde las API. En este punto, Natalia Bueno, recuerda que "el único país de Europa donde ha funcionado el control de los precios del alquiler ha sido en Austria dado que el 70 por ciento de las viviendas son públicas y el Estado tiene capacidad para regular y controlar los precios. Evidentemente, aquí y por mucho que se anuncien limitaciones o expropiaciones, no se va a llegar al 70 por ciento como en Austria porque, además, muchos de los pisos de los bancos y fondos buitre están puestos a la venta", señala Natalia

La situación podría empeorar si se cumplen las previsiones anunciadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE) que prevé que en los próximos 15 años lleguen a Baleares cerca de 600.000 personas, con lo que la presión en el mercado inmobiliario aumentará notablemente.

Las soluciones no son sencillas aunque, según Natalia Bueno "lo que hay que hacer es construir el máximo número de viviendas públicas y en relación con la limitación del precio del alquiler, se debe tener en consideración que en Europa este modelo, salvo en Austria, no funciona. Además, para limitar el precio de la vivienda debería tenerse en cuenta dos factores fundamentales: consenso de todos los partidos políticos y, fundamentalmente, ofrecer seguridad jurídica a los propietarios de los pisos garantizando que van a cobrar por impago de alquileres, agilizar jurídicamente la devolución de los inmuebles en caso de impago y protección jurídica contra los morosos, entre otras medidas. Si se dan estas circunstancias, tal vez habría más pisos en alquiler".

Para la presidenta de la API, la actual situación del mercado de la vivienda refleja un incremento en el precio de compraventa de inmuebles, el estancamiento de los precios de alquiler "y una cosa que hay que tener muy presente cara al futuro y es que el 30 por ciento de la población se encuentra en mayor o menor medida en riesgo de exclusión social".