En un comunicado, el partido ha recordado que, tanto los usos, como el posible régimen sancionador, deben ser regulados mediante ordenanza y, en consecuencia, aprobados en pleno y con audiencia pública.

Así, ha alertado que con la regulación por decreto "no ha existido el necesario debate con las fuerzas de la oposición en el pleno municipal, ni tampoco con la ciudadanía, que no ha dispuesto del plazo mínimo de 30 días de información pública y audiencia".

El PP ha recordado que es el pleno el que tiene atribuida la potestad de elaborar ordenanzas que contengan esta materia tal y como dispone el artículo 4.1 a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. Esta atribución viene conferida al pleno conforme dispone el artículo 22.2.d) de la citada ley.

Finalmente, el PP ha asegurado que, con la medida vía decreto, "el pacto de izquierdas extiende a la presente legislatura el afán prohibicionista del mandato anterior cuando lo que debería existir es una regulación a partir del necesario debate previo con la oposición y la ciudadanía".