El Govern hacía balance este jueves de las actuaciones llevadas a cabo por los equipos de Medi Ambient para proteger la posidonia vigilando los fondeos en las costas baleares. Durante el verano, los agentes medioambientales han controlado más de 38.000 embarcaciones y han obligado a modificar el fondeo a algo más de 4.400 barcos que estaban anclados de manera incorrecta. Este ha sido el segundo verano que se realizan este tipo de controles con una dotación de 15 barcas, cinco más que el verano anterior.
Este servicio de vigilancia es único en todo el Mediterráneo y moviliza unos medios públicos más que notables para asegurar que los navegantes echen el ancla en fondos marinos donde no peligre la salud de las praderas de posidonia. Toda esta actividad ha supuesto la apertura de 33 actas de infracción que podrían acabar en sanción.
Es loable la preocupación de los actuales responsales de Medi Ambient en su afán de proteger la posidonia, aunque, entre los profesionales y aficionados de largo recorrido, su fijación por las actividades naúticas levanta muchas dudas acerca de los motivos reales de tal actuación. Muchos de ellos ven un excesivo celo en el control de unas acciones que los navegantes habituales desarrollan tradicionalmente con especial ciudado, conocedores en primera persona del valor del medio ambiente y los ecosistema marinos. De hecho, según las propias cifras de la conselleria, el 90 por ciento de las embarcaciones fondean correctamente. Piensan los navegantes que se pone el foco en actividades erróneamente consideradas "de ricos" mientras que el Govern desatiende los problemas que genera la propia administración y que afectan con mayor gravedad la salud de la posidonia.
Precisamente sobre este último aspecto, el GOB se ha sumado este jueves al debate. La histórica entidad ecologista ha cargado contra el Govern por la existencia de 17 depuradoras que expulsan al mar aguas poco depuradas, con nutrientes y microorganismos que afectan al medioambiente. Siete de estas depuradoras vierten al mar sus aguas a través de emisarios con salidas situadas sobre praderas de posidonia.
El GOB utiliza los mismos argumentos que ya presentaron los navegantes y la UIB en el momento previo a la tramitación del decreto de defensa de la posidonia. Y apunta como principal responsable de la situación al Govern, cuya empresa Abaqua gestiona las principales depuradoras. Vigilar los fondeos de los barcos y poner un puñado de multas puede ser positivo, pero en todo caso parece una minúscula actuación frente a los arreglos que la propia administración debería acometer en su propia casa. Alejaría, además, la imagen de animadversión hacia la náutica que determinados sectores del Govern han venido generando hace ya algún tiempo.