Si una imagen vale más que mil palabras, poco se puede añadir a la foto con la que el Ayuntamiento de Palma ilustraba este miércoles la nota en la que informaba de sus inspecciones sobre las terrazas públicas de la ciudad. En la instantánea, dos policías municipales comprueban la correcta colocación de una silla en una terraza de un bar del Born. La imagen roza el ridículo, no ya por la absurda tarea que supone medir los centímetros de suelo que pudiera ocupar de más la silla en cuestión, si no por el hecho de que a esa labor se destinen dos policías municipales en una ciudad en la que la carencia de efectivos y la desatención de determinadas zonas en materia de seguridad es más que evidente.
La guerra que Cort, y en especial la teniente de alcalde Aurora Jhardi, ha mantenido contra las terrazas de bares y restaurantes desde el principio de legislatura tuvo precisamente en el paseo del Born uno de sus principales escenarios. Entonces, de la imposibilidad de instalar sillas y mesas pretendida por Jhardi, los bares pasaron a disponer de terrazas gracias a una consulta popular que se saldó con un rotundo sí ciudadano con el que la podemita tuvo que transiguir. Más recientemente, la nueva ordenanza de uso del espacio público supuso un nuevo revés para Jhardí al verse obligada por el alcalde Noguera a aceptar buena parte de las demandas de los restauradores y no sólo las de las asociaciones vecinales.
La foto del Born con los policías municipales revisando sillas suena a mal perder de Jhardi. Suena a que la herida no ha cicatrizado y que hay que recuperar la polémica, a pesar de que la ciudadanía parezca aceptar plenamente las terrazas en una ciudad cuyo clima y costumbres animan a disfrutar del aire libre.
La campaña de inspecciones se ha saldado con 230 actividades denunciadas de un total de 463 inspecciones realizadas en mayo y junio. La mayoría de denuncias estuvieron producidas por no exhibir la licencia correspondiente, 55 por exceder el espacio asignado y sólo 4 por obstaculizar el paso. Mientras tanto, las informaciones sobre la falta de seguridad, la mala regulación del tráfico o el déficit en el control de muchas actividades municipales son noticia cotidiana en bastantes zonas de la capital balear en las que se necesitaría más presencia policial.