Fomento debería haberse evitado la crisis de los descuentos aéreos

Ni decreto ley, ni real decreto. Al final, los trayectos aéreos entre las islas y la Península tendrán un descuento del 75 por ciento para los residentes mediante una sencilla orden ministerial que permitirá aplicar la medida en el mismo momento que se apruebe: este mes de julio. Así lo comunicó oficialmente ayer el titular de Fomento, José Luis Ábalos, a los presidentes autonómicos de Balears y Canarias, Francina Armengol y Fernando Clavijo, tras reunirse de urgencia en Madrid.

Hay que celebrar la noticia, aunque sorprende que un problema que el miércoles pasado el propio Ábalos veía irresoluble en menos de seis meses se haya podido solventar de una forma tan sencilla en días. Ha sido una semana en la que se ha pasado de la sorpresa a la indignación, provocando la reacción de todas las fuerzas políticas, económicas y sociales de ambos archipiélagos. Canarias y Balears, al igual que Ceuta y Melilla, tenían comprometida la aplicación de esta medida con los Presupuestos Generales que dejó el Partido Popular. Si Ábalos creó un problema para apuntarse, después, su resolución es una duda que no pocos empiezan a tener, conscientes de la necesidad que tiene el actual ejecutivo socialista de presentar éxitos que compensen su representación parlamentaria de sólo 84 diputados.

Marketing político aparte, al final, antes de que acabe julio, los ciudadanos de Balears podrán disfrutar del descuento del 75 por ciento en sus viajes con la Península, tal y como se ha reivindicado desde hace mucho tiempo.

En todo este entuerto, el ejecutivo de Francina Armengol ha reaccionado de la única forma que podía reaccionar. Como reclamaba toda la sociedad balear, el Govern se ha puesto en la primera fila de la reivindicación exigiendo una rápida resolución del problema, consciente de que tras el retraso del REB no podía permitirse una nueva frustración en algo tan sensible como es la poca atención que tiene Madrid a los costes de la insularidad.

En su estrategia, ir de la mano del gobierno canario, ha sido probablemente el elemento de mayor trascendencia. En las primeras horas, Canarias reaccionó con mucha mayor indignación, lo que unido a su notable peso político en Madrid, ha permitido despejar un camino que ha servido, también, a los intereses baleares.

La orden ministerial se aprobará en el Consejo de Ministros el 13 o el 20 de este mes y paralelamente se tramitará como real decreto, lo que posibilitará su aplicación inmediata antes de agosto, apenas unos días después del primero de julio en que se había previsto. Unos días de retraso que, visto lo visto, el ministro Ábalos podría haber evitado.