La Junta Directiva de la Asociación de Clubes Náuticos de Baleares (ACNB) advierte del peligro de “privatización del mar” mediante campos de boyas si entra en vigor el decreto de protección de la posidonia oceánica tal y como aparece redactado en el borrador presentado por la Conselleria de Medio Ambiente.“Los navegantes no queremos fondear en posidonia, pero no queremos que nos cobren por hacerlo en arena” No entienden el plazo de cinco años que la Conselleria de Medio Ambiente se concede a sí misma para arreglar las depuradoras que matan la posidonia.
Los clubes aseguran que los socios de estas entidades no piden fondear sobre posidonia. “En ningún momento se ha defendido esta práctica. Como navegantes, sabemos mejor que nadie que largar el ancla en posidonia es un disparate, tanto desde el punto de vista ambiental como de la seguridad de la embarcación”, ha explicado Miquel Suñer, presidente de la ACNB, quien ha denunciado que el borrador no impide la creación de áreas de fondeo de pago en arenales donde el uso del ancla no tiene impacto: “La opinión pública debe saber que la defensa de la posidonia, en la que los clubes somos los primeros interesados, se está utilizando como arma política y como pretexto para la creación de puertos encubiertos con campos de boyas, lo que equivale a privatizar los espacios libertad que todavía quedan en el litoral, o lo que es lo mismo, a la privatización del mar”.
La ACNB cuestiona con qué base científica la Conselleria de Medio Ambiente se otorga a sí misma un plazo de cinco años para que las depuradoras públicas presenten proyectos de adaptación al decreto de protección, cuando la UIB acaba de demostrar que el vertido masivo de aguas fecales está arrasando los fondos marinos, provocando la muerte de grandes extensiones de posidonia en la Bahía de Palma e incluso la aparición de bacterias.
“El Govern pretende arrogarse el mérito de prohibir el fondeo sobre posidonia que ya establece de facto la Ley de Especies Protegidas de 2007, a la que la posidonia oceánica fue incorporada en 2011, y sin embargo da cobertura a los emisarios de las depuradoras por un plazo que va más allá de la presente legislatura. Nuestra impresión es que dedican esfuerzos a reiterar una prohibición y pasan de puntillas sobre el verdadero problema medioambiental”, ha declarado Rafael Palmer, gerente y asesor jurídico de la ACNB.
