La 'marea blanca' de la Sanidad pone en jaque al Pacte

La aprobación del decreto que fija el conocimiento del catalán como requisito para ejercer la profesión sanitaria en Balears va camino de convertirse en un importante foco de tensión en las filas del Pacte y, por extensión, en el seno del propio Govern.

Una vez superada sobre el papel la crisis que supuso la salida de Biel Barceló de la vicepresidencia y la aceptación de Bel Busquets como su sucesora, a pesar de las reticencias iniciales, todo parecía indicar que el tramo final de la legislatura pasaría por emprender pocas acciones de calado ideológico hasta llegar a la cita electoral de mayo del 2019. No va a ser así. El PSOE, que en el Govern ostenta la responsabilidad del departamento de Sanidad, ha reconocido que el proyecto no cuenta con el apoyo social que requeriría un decreto de este tipo y apuesta por garantizar los derechos de los ciudadanos en materia de sanidad aunque eso vaya en detrimento de la exigencia del catalán.

En la práctica, de cara a una próxima convocatoria de oposiciones, se aplicaría en el sector sanitario una fórmula específica diferente a la exigida en la Ley de Función Pública. Aunque la portavoz del Govern, la socialista Pilar Costa, insiste en que "hay que buscar el más amplio consenso político y social posible". Un consenso que, ni de cerca, se atisbó en la mesa sectorial que debatió el borrador del decreto. Tampoco tranquiliza al Govern la movilización del sector sanitario que en una isla como Menorca sacó a la calle una 'marea blanca' de 3.000 personas, y que prepara una masiva manifestación el Palma el próximo día 18 bajo el lema "Mos movem".

El pragmatismo del PSOE contrasta con el rechazo de Més a variar el sentido original del borrador de decreto. Para los de Busquets, hacer excepciones con los sanitarios equivale a aceptar una derrota ante el sector médico y ante el PP, partido que se ha alineado claramente con las demandas de los sanitarios. Otros ámbitos de la izquierda nacionalista, como es el caso de la OCB, también anuncian movilizaciones, en este caso si al final se cede ante los médicos y se produce lo que consideran "un retroceso en materia de derechos lingüísticos".

La polémica no tiene visos de concluir con un entendimiento en el seno del Pacte y sus simpatizantes, y anuncia lo que, a pocos meses de las elecciones, puede ser la mayor crisis que haya conocido el ejecutivo de Francina Armengol. El recuerdo del TIL y de todo lo que significó para socavar la popularidad de un gobierno está ahora más presente que nunca en los pasillos del Consolat.