Beneficio o ruina

JAIME ORFILA. La Unión Europea (UE) ha tramitado una queja formal a las autoridades españolas por las dificultades de acceso a la asistencia sanitaria de los ciudadanos de la unión en nuestro país. La Comisión Europea (CE) lleva negociando con las autoridades españolas sobre este problema desde el año 2010, y al parecer el número de quejas sigue aumentando. Se ha enviado una carta de emplazamiento, primera fase del procedimiento de infracción, que puede acabar en el Tribunal de Justicia de Luxemburgo.

En primer lugar cabe revisar la legislación- Los ciudadanos europeos, por las normas comunitarias, tienen derecho a la asistencia sanitaria urgente y a la atención primaria de salud, en las mismas condiciones que los españoles. Se acredita el derecho a la asistencia con la Tarjeta Sanitaria Europea.

Además, el mes de octubre del año en curso entrará en vigor la Directiva 2011/24/CE del Parlamento Europeo sobre la Asistencia Sanitaria Transfronteriza que permitirá, dentro de la libre circulación de ciudadanos, el acceso a los servicios sanitarios ordinarios y a los centros y unidades de referencia. Para el acceso a la atención no urgente y a los servicios especiales, se precisará un visado previo de los países de origen.

Los dos tipos de asistencia, tienen un precio fijado por el país receptor y se pueden, quiero decir se deben, facturar.

¿Dónde está el problema?. Por un lado, que el gasto, la financiación de la asistencia sanitaria la asumen las comunidades autónomas en sus centros y con sus propios medios. Por otro, los ingresos van al estado, a las arcas de la Tesorería de la Seguridad Social. En general la facturación es parcial y no siempre llega a buen fin. El retorno se realiza por un sistema de compensación interautonómico que penaliza las comunidades receptoras de ciudadanos europeos.

¿Dónde está la oportunidad?. Los visitantes son un valor muy importante para la economía del país. La atención sanitaria es obligada por ley. Bien gestionada puede generar ingresos adicionales, ser una fuente de ingresos y contribuir a la capitalización de nuestro sistema sanitario.

¿Que falta?.  Un desarrollo normativo adecuado, que permita a través de los fondos de cohesión recuperar la asistencia prestada, y capacitación en el órgano de la conselleria, que como dice su nombre, ejerce las competencias de gestión económica y farmacia y sólo se preocupa de gestionar la ordenación farmacéutica. El decreto que regula los Fondos de Cohesión se modificó el mes de diciembre de 2012 y no me consta, que en la fase de consulta a las CCAA, hiciéramos ninguna aportación al respecto ni propuesta de mejora.

Estamos hablando de decenas de millones de euros. Cifras que pueden superar la inversión anual en los centros sociosanitarios de las islas, estos mismos que por una ocurrencia querían cerrar; cantidades que permitirían reducir las lista de espera quirúrgica recuperando la autoconcertación y mantener la actividad de tarde en los hospitales; partidas muy superiores a las que se pagaba por la concertación con los centros privados para reducir la lista de espera en exploraciones complementarias. Cifras muy superiores al cómputo total de la carrera profesional que se ha hurtado a los trabajadores. Cantidades que permitirían mantener las  actuales aportaciones a la dependencia y evitar nuevos recortes.

No sólo tenemos un problema de gasto; también de eficiencia.  Estamos soportando una carga económica por imperativo legal que desde la diligencia podríamos convertir en un área de beneficio. Además, y no es una causa menor, aumentar la confianza de nuestros visitantes es favorecer nuestro sistema productivo.