EMILIO ARTEAGA. Hace unos días ha muerto de tuberculosis en Mallorca un joven senegalés de veintitantos años. Esta muerte ha generado una importante controversia política y social, respecto de las circunstancias que han llevado a la misma. No conozco con exactitud los detalles del caso, así que no entraré en las polémicas que, acerca de las posibles cuasas que han conducido al triste desenlace, se han desatado entre Ib-salut y la Conselleria de Salut, de un lado y algunas oenegés médicas y otras organizaciones de otro y entre el govern balear y los grupos de la oposición en el Parlament de les Illes Balears, pero sí considero que el hecho es tan grave que merita una reflexión colectiva de todos nosotros como sociedad.
Que una persona muera de tuberculosis no tratada en la Mallorca de 2013 es absolutamente inaceptable y debería provocar la apertura de una investigación seria, rigurosa e independiente. Pero no sé quien debería llevar a cabo dicha investigación. El problema es que la credibilidad de las comisiones parlamentarias de investigación en este país tiende a cero y, por tanto, es difícil creer que si el parlament pusiera una en marcha fuera a esclarecer la verdad de lo sucedido.
Esta muerte no viene sino a confirmar los temores que muchos médicos, otros profesionales sanitarios y muchas organizaciones sanitarias y sociales manifestamos en su momento, acerca de las consecuencias de la errónea decisión política del gobierno central de dejar sin asistencia sanitaria regular a los inmigrantes “sin papeles” y a los que han agotado la prestación de desempleo y pierden el permiso de residencia. La carencia de tarjeta sanitaria y de médico y enfermera de cabecera y la consiguiente exclusión de la asistencia sanitaria regular en los centros de salud, así como de todos los programas sanitarios preventivos y asistenciales, dejan a estas personas en una situación de auténtica indefensión sanitaria, al no poder acceder a los servicios de diagnóstico, tratamiento y seguimiento de los equipos sanitarios de la asistencia primaria, así como no tener su historial médico archivado y quedan limitados a la atención en los servicios de urgencias, que solo pueden actuar sobre el problema concreto que se plantee en el momento, sin acceso a los antecedentes sanitarios y sin poder realizar un seguimiento de la evolución de los pacientes.
Pero los riesgos no son solo para la salud de estas personas. Al quedar fuera del sistema sanitario, se convierten en una posible fuente de contagio y diseminación de enfermedades infecciosas, algunas tan especialmente graves como la tuberculosis. Este desafortunado muchacho senegalés ha podido contagiar a sus familiares y amigos, pero no solo a ellos, también a todas aquellas personas con las que haya tenido contacto durante su enfermedad. Supongo que la Conselleria de Salut habrá iniciado una encuesta epidemiológica de detección de contactos y tratamiento profiláctico cuando proceda, lo que seguramente costará más de lo que hubiera costado tratar al paciente fallecido.
Este caso es un fracaso nuestro como sociedad. No puede ser que metidos ya en pleno siglo XXI, en el tercer milenio de nuestra era, dejemos que en nuestra casa mueran personas de enfermedades perfectamente tratables y curables. Había pensado titular este artículo “No se debería repetir”, pero considero que lo adecuado no es el condicional sino el imperativo. No se debe repetir. Aunque, por desgracia, si nuestras autoridades sanitarias no rectifican, lo más probable, para nuestra vergüenza y oprobio, es que se repita.