MARC GONZÁLEZ. El próximo día 18 de mayo está convocada una concentración-manifestación en la Playa de Palma en protesta por la inseguridad que vienen padeciendo sus vecinos, comerciantes, empresarios y que tiene como principales objetivos y víctimas a los turistas que nos visitan.
El detonante, la revocación de las órdenes de alejamiento que, de manera pionera, había dictaminado un juzgado de Palma para evitar la burla constante en que incurrían los clanes de trileros que desarrollan sus actividades ilícitas en esa zona turística, revocación apoyada por la fiscalía. La verdad es que la justicia no da una a derechas.
Asistí a la reunión que tuvo lugar en unas dependencias del ajuntament de Llucmajor y la indignación era palpable, con episodios de amenazas por parte de trileros, prostitutas y vendedores ambulantes.
En general, los mallorquines tendemos a ser generosos y comprensivos con los inmigrantes subsaharianos porque no dejamos de pensar en las terribles situaciones que han dejado en sus respectivos países, pero ello no debe confundirse con la tolerancia con el delito que es, en suma, de lo que hablamos.
Porque, aunque a la población residente en general parezca no afectarle esta plaga, sí le perjudica y mucho y, lo que es peor, puede acabar arruinando la imagen de nuestro primer destino vacacional.
Son centenares los vendedores ambulantes –completamente ilegales- que no sólo hacen una competencia desleal a los comercios de la zona –lo que, además, puede conllevar el cierre de sus negocios o, cuando menos, el despido o la no creación de nuevos puestos de trabajo de los de verdad, de los que cotizan y pagan impuestos-, sino que, además, venden productos sin control ni homologación alguna y de pésima calidad, fabricados en los paraísos de la explotación laboral, con los que avasallan continuamente a cuantos turistas circulan o se toman tranquilamente una cervecita en una terraza. Un comerciante confesó haber registrado un vídeo de unos 50 minutos de duración de una vía pública en el que un grupo de extranjeros era constantemente acosado por distintos de estos vendedores, creo que dijo hasta 57 veces.
Esta situación resulta intolerable y nos equipara a la incómoda situación que padecen los turistas en los países de norte de África, donde un enjambre de individuos les quiere vender las cosas más insospechadas.
Y no se trata de “pobrecitos chicos” que sólo buscan su sustento, sino de redes organizadas de centenares de delincuentes más o menos violentos.
A todo esto, la policía actúa con miedo ante el desafío constante, las amenazas y agresiones de estos grupos, la tibieza de la mayoría de los jueces y no digamos ya de los fiscales. La demostración de fuerza que efectuaron hace unas semanas con ocasión de la muerte accidental de uno de estos vendedores cuando huía por haber visto la llegada de la policía –travestida de “homenaje” al fallecido-, es una muestra de que las mafias no van a ceder tan fácilmente su terreno.
Lo de los trileros –extranjeros y patrios- es todavía peor, porque se trata no sólo de engañar al bobo que decide apostar su dinero con esta chusma, sino de aprovechar para robar carteras al descuido a los mirones y a todo aquél que se ponga a tiro, eso sí, amenazando a los comerciantes y vecinos que deciden denunciarles.
Las prostitutas, en su mayoría mujeres nigerianas, no se limitan a ejercer su oficio, sino que, principalmente, su objetivo son los turistas ebrios a los que desvalijan y agreden con extrema violencia.
El panorama es desolador y no es necesario decir que por cada turista que regresa a su país habiendo sido víctima de estas redes de delincuentes organizados, diez o más dejarán de venir a la isla.
No vale mirar para otro lado o decir que éste es sólo un problema de los comerciantes. De eso nada.
O los poderosos hoteleros echan una mano y arriman el hombro, y políticos, fiscales y fuerzas del orden hacen lo propio, o vamos a empezar a ver que la cartera que le robaron a Herr Schmidt acaba descontándose de nuestro propio PIB.