Camino de Cartagena

MARC GONZÁLEZ. La noche del 14 al 15 de abril de 1931, según se había pactado con don Niceto Alcalá-Zamora y otros insignes republicanos, Alfonso XIII abandonó por carretera el palacio de Oriente con destino a Cartagena, donde le esperaba un buque de la Armada para llevarlo fuera de nuestras fronteras. Al día siguiente, abandonaron su país, por la frontera de Hendaya, la reina y los infantes.

Hoy en día, el trayecto sería mucho más corto, probablemente un la Zarzuela-Torrejón de Ardoz. Estaría bien, no obstante, que la proclamación de la III República no tuviera que ir inexorablemente unida al destierro de los Borbones, pero me temo que una cosa conlleva la otra, salvo juramento en Cortes de respetar la legalidad republicana y abolición de privilegios y títulos.

No, no me he bebido la botella de Tres Caires, ni me ha dado un ataque primaveral por la cercanía de la efeméride, simplemente esto se derrumba.

La imputación de Cristina de Borbón mete en un callejón sin salida a la monarquía y a sus defensores, PP y PSOE –este último, oficialmente republicano, pero de mentirijillas-, porque éste es un camino sin retorno.

Si la Audiencia de Palma, en un ejercicio de funambulismo jurídico al servicio del príncipe –en el sentido maquiaveliano, no en el otro-, acaba por “desimputar” a la infanta, entonces el latente republicanismo de los españoles, se desbordará y los días de la monarquía nacida de la Ley de Sucesión franquista estarán acabados.

El auto de Castro peca del defecto de la justificación –no confundir con la necesaria motivación-, pero lo hace porque es consciente de la repercusión de su resolución. Aludir a la igualdad ante la ley de todos los españoles –transcripción literal del discurso navideño del rey, en qué estaría pensando ese día- es un error. ¿Iguales ante la ley? ¡Y un jamón! Ni a usted ni a mi nos iba a defender nadie más que un abogado y nuestros allegados. A Cristina de Borbón la defiende –otra cosa es cómo lo hace-, además del CNI en la sombra, el PP y el PSOE, el letrado don Mario Pascual Vives, la Fiscalía en pleno, la abogacía de la CAIB y hasta el departamento de comunicación de la Casa Real, al que sólo le ha faltado acusar al juez de alguna irregularidad, pues ha roto la secular neutralidad de la más alta magistratura del Estado –la corona- para apoyar a una imputada.

Si Cristina no fuera hija de quien es, hace meses que estaría imputada por el solo hecho de aparecer como miembro de la junta de la fundación Noós y codestinataria de los beneficios patrimoniales de sus negocietes. Y la fiscalía, en lugar de oponerse, la hubiera hecho detener y pasar 48 ó 72 horas en el calabozo para su oportuno reblandecimiento. Si además de ser hipotéticamente plebeya, Cristina hubiera sido militante de UM, el palacete de Pedralbes hubiera sido ocupado por una legión de policías y fiscales con sus correspondientes reporteros gráficos de cabecera. Igualdad ante la ley, dicen, menuda jeta.

Castro, como muchos otros jueces en distintos asuntos, salvan de momento la dignidad de España, pese a la fiscalía.

El rey y su heredero, mientras tanto, deben dejar de pensar en elefantes, Corinnas, herencias suizas y otras zarandajas y centrarse en qué clase de país quieren dejar tras de sí. Sea como fuere, vendrá lo que el pueblo quiera.

Lo lamento de veras por la reina, hombre.