JAIME ORFILA. Los teletipos de medio mundo se han hecho eco de la alta tasa de mortalidad en un hospital público, situado en el condado de Staffordshire, en el Reino Unido, junto a evidencias de maltrato a los pacientes. Ambas aseveraciones se recogen en las conclusiones de una profunda investigación realizada en el centro y que ha generado una gran indignación popular y una intensa polvareda política.
El informe de inspección profundiza en las causas y en sus responsables. Confirma las malas condiciones de asistencia y apunta como responsables directos a los profesionales y a los gestores sanitarios. Pero es más, centra las críticas en tres aspectos. En primer lugar, señala que los estándares que se aplicaban no eran adecuados para detectar la asistencia de baja calidad y nulos para identificar los déficits de seguridad. En segundo lugar, afirma que era notoria la dejadez de algunos gestores en la custodia de la buena asistencia. Al analizar el papel de los profesionales, detecta déficits de formación en algunos diplomados en enfermería e inexperiencia en algunos médicos.
Una situación tan deplorable como la referida y una intensa presión social obligó al análisis pormenorizado de la asistencia que se prestaba y a buscar vías de mejora y garantías de seguridad asistencial. El proceso se ha materializado, nada más y nada menos, que con la publicación de trecientas recomendaciones de mejora.
Las recomendaciones se concentran en tres grandes grupos. Un número importante se basa en el refuerzo y seguimiento estricto de los códigos de conducta deontológica y profesional; otro grupo, dirigido a la organización, se fundamenta en la intensificación de los mecanismos y procesos de selección y control de la actividad. En tercer lugar, la necesidad de desarrollar y aplicar indicadores de disfunción a los déficits de seguridad y de calidad, altamente sensibles y específicos. En este mismo grupo acentúa la necesidad de implantar planes periódicos de inspección.
Una de los encargos más vehementes es el que recomienda intensificar la asistencia y los cuidados directos a los pacientes a costa de reducir las actividades y tareas burocráticas.
Lecciones tan dramáticas tienen que se servir de lección para todos. La mejora de la asistencia no pasa por grandes reformas ni modos de atender, sino por reforzar las estructuras de control y la promoción de la profesionalidad en la gestión y en la asistencia.
Nuestro sistema sanitario es de calidad y seguro: pero ello no nos exime de continuar vigilantes desde la sociedad, desde las profesiones sanitarias y desde los propios órganos de participación de los centros para detectar disfunciones, identificar ámbitos de mejora, y que ni la relajación de los controles ni la reducción de los recursos, tengan traducción directa sobre la asistencia prestada.
Una sociedad participativa, profesionales competentes, códigos de conducta intachables, una gestión profesional y responsable y una sobredosis de humanismo, conforman los mejores instrumentos de seguridad y de mejora. Sin duda.