Otro medicamentazo

EMILIO ARTEAGA. Cuando en agosto del año pasado se publicó la resolución del gobierno de España por el se excluía de la financiación pública algo más de 400 medicamentos, muchos de ellos de uso muy extendido, y efectivos, para el tratamiento de algunas dolencias y síntomas muy frecuentes, especialmente en las personas mayores, ya se expuso por parte de profesionales y organizaciones sanitarias la perplejidad ante la exclusión de muchos de ellos, sobre todo ante algunos de los motivos aducidos para la misma, así como el grave perjuicio que iba a suponer para muchos ciudadanos de las clases más desfavorecidas. Baste un ejemplo: muchas personas, mayores y también más jóvenes, padecen de sequedad conjuntival crónica. En principio, no es un problema grave, pero sin tratamiento, puede degenerar en lesiones permanentes con secuelas que pueden llegar a comprometer la calidad de la visión. Para su control, suele bastar la aplicación periódica de lágrimas artificiales, o geles oftálmicos protectores, como el carbómero. Pues bien, todos estos medicamentos se han excluido de la financiación pública, excepto para los pacientes con síndrome de Sjögren, una enfermedad autoinmune que afecta a las gándulas exocrinas y produce sequedad de mucosas y de la conjuntiva. Así pues, todas las personas con sequedad conjuntival que no padezcan un síndrome de Sjögren tienen ahora que pagarse los geles oftálmicos o, si no pueden permitírselo, dejar de tratarse, o aplicarse el tratamiento con menor frecuencia de la indicada.

Este es solo un ejemplo, se podría poner muchos más, pero no es necesario. La consecuencia ha sido, como ya se había previsto, una disminución de la calidad de la asistencia sanitaria de muchas personas de los colectivos más vulnerables que, o han tenido que sacrificarse y pagar por esos medicamentos, o han tenido que renunciar a los mismos, por no poder permitirse el dispendio, o ha tenido que disminuir la frecuencia del tratamiento.

Otra consecuencia negativa que se vaticinó que podría producirse es la del encarecimiento del precio de estos medicamentos, lo que fue reiteradamente negado por el gobierno. Pues bien, ahora nos ha sorprendido, o quizás no, la noticia de que algunos de estos medicamentos han aumentado de precio, en ocasiones doblándolo y hasta triplicándolo. Además, también hemos sabido que algunos medicamentos de los subvencionados, de momento una lista de unos veinticinco, que podría ampliarse en breve, van a tener dos precios, uno cuando es financiado por la sanidad pública y otro, más caro, cuando se trate de una prescripción privada y deba ser abonado en su totalidad por el paciente.Ni que decir tiene que este encarecimiento de los medicamentos no hará sino agravar las consecuencias negativas de la resolución del año pasado y supondrá un nuevo torpedo, uno más, dirigido directamente a la línea de flotación de nuestro estado del bienestar.

Teniendo en cuenta que en España los precios de los medicamentos están sometidos a regulación, este aumento de los mismos no ha podido producirse sin el permiso y la aquiescencia del gobierno. No sabemos, puesto que no se han comunicado, los motivos de este incremento, pero se puede especular que podría tratarse de una compensación a las industrias farmacéuticas por la disminución de facturación ligada a la bajada de precios impuesta a los medicamentos financiados por la sanidad pública, así como a la restricción del uso de muchos de ellos y a la obligatoriedad, matizada, de la prescripción de medicamentos genéricos por parte de los médicos del Sistema Nacional de Salud. En este mismo sentido de compensación a la industria farmacéutica podría ir el cambio legislativo que el gobierno pretende introducir para las oficinas de farmacia, en el sentido de eliminar la obligatoriedad de que el farmacéutico sea el propietario de la farmacia y liberalizar la propiedad de la misma. Este cambio puede resultar letal para la oficina de farmacia tradicional, la que hemos conocido toda la vida, la que proporciona un servicio sanitario profesional de proximidad que va mucho más allá de la pura expedición de medicamentos, y, en consecuencia, muy perjudicial para los ciudadanos que verán peligrar un servicio, uno más, de vital importancia en su devenir cotidiano.

No debería el gobierno extrañarse de que los ciudadanos estemos cada vez más desmoralizados, y también indignados, cuando día tras día comprobamos como no vacila en hacer recaer sobre nuestras espaldas las consecuencias de la crisis económica, que cada día que pasa está más claro que más que crisis es un auténtico expolio, y, en cambio, ayuda y compensa a las grandes corporaciones y grupos de presión: la banca, las energéticas, las grandes empresas de obra pública, la industria farmacéutica, et alia.