El espejo de los hospitales británicos

EMILIO ARTEAGA. Se viene comentando estos días en algunos medios de comunicación el resultado de una encuesta que la Care Quality Commission ha realizado en cerca de una veintena de hospitales de Inglaterra. Esta comisión es la agencia del National Health Service (Servicio Nacional de Salud) británico, encargada de la supervisión de la calidad de la asistencia sanitaria en Inglaterra.

Todos estos hospitales públicos están gestionados por empresas privadas, o “trusts” que funcionan como empresas privadas. Los resultados son muy preocupantes. Según se ha publicado, se ha detectado la existencia de múltiples deficiencias en la calidad de la asistencia, relacionadas con diversas carencias, especialmente en el ámbito del personal, pero también en equipamientos e, incluso, en temas tan básicos como ropa, alimentación y otros servicios complementarios.

Los resultados de esta encuesta vienen a confirmar un hecho que ya era conocido, que es el deterioro que viene padeciendo la calidad de la asistencia sanitaria en el sistema nacional de salud británico, especialmente en el ámbito de la asistencia hospitalaria, desde hace ya muchos años, desde los tiempos de la “revolución thatcheriana”. Los que hemos trabajado con ciudadanos y tenido contacto con profesionales sanitarios británicos en los últimos veinte años, ya sabíamos de este hecho, por los comentarios e informaciones que nos habían hecho llegar al respecto, pero este informe incide en un aspecto especialmente relevante para el momento actual de nuestro servicio nacional de salud, que es el de que la gestión de todos los hospitales encuestados era privada.

Todos sabemos de los planes de los gobiernos de algunas comunidades autónomas, Madrid, Valencia y Castilla La Mancha son la punta de lanza, de conceder la gestión de hospitales y centros de salud a operadores privados. Los miembros de esos gobiernos autonómicos, todos del Partido Popular, así como otros políticos del mismo partido, vienen ensalzando, como un mantra, la gestión privada como solución casi mágica, que conseguirá dar la asistencia sanitaria a los ciudadanos con un ahorro considerable respecto del gasto actual y, como no, sin disminuir la calidad.

Las experiencias que ya se han realizado en España, concretamente en Valencia y Madrid, así como el caso del national health service británico, no parece que confirmen estas previsiones, quizás más basadas en los deseos que en la realidad, deseos derivados del posicionamiento ideológico de los actuales dirigentes del Partido Popular.

Es discutible que un sistema sanitario como el español, cuyo gasto “per capita” y porcentaje del PIB del país son inferiores al de muchos otros países desarrollados y también inferiores a la media de la Unión Europea (aunque este dato podría haber cambiado con la entrada de los países de la Europa Central y del Este, con economías menos desarrolladas y gastos sanitarios públicos son muy inferiores), pero, en definitiva, un gasto sanitario inferior a la media de los países punteros de Europa y la OCDE, y que, en cambio, está considerado como uno de los mejores, pueda ser considerado ineficiente y, por tanto, se pueda mejorar su gestión y seguir haciendo lo mismo, con la misma calidad y, a la vez, ahorrar un porcentaje significativo del gasto sanitario y, si la gestión la lleva un operador privado, conseguir además beneficios, ya que ese es el objetivo legítimo e intrínseco a toda actividad empresarial privada.

El ejemplo británico nos da algunas pistas de cuales puedan ser algunos de los mecanismos para conseguir este ahorro sanitario: selección de población, esto es, desembarazarse de la asistencia a aquellos grupos que generan mayor carga asistencial, especialmente las personas mayores y enfermos crónicos, disminución de personal, disminución de las retribuciones y cambios de las condiciones laborales, selección y restricción de algunas prestaciones, introducción de pagos por día de estancia, o por los fármacos, o por servicios complementarios: comida, alojamiento, etc., o por varios o todos estos conceptos.

En definitiva, es difícil que la gestión privada de centros de la sanidad pública asociada a una disminución significativa del presupuesto, no conlleve una pérdida de la calidad de la asistencia, una disminución y un empeoramiento de las condiciones laborales y salariales del personal, un recorte de prestaciones y un posible establecimiento de repagos por determinados servicios complementarios.