Estamos a niveles de récord, pero puede que aún nos queden algunos capítulos por ver, para superar este listón. Un Govern sin antecedentes, sin sospechas, que llegaba impoluto, ha tardado ocho meses en nombrar a la dirección de la televisión y radio públicas, después de haberse reunido dos veces con un grupo de proveedores externos del ente para escuchar sus sugerencias; de haber barajado siete nombres diferentes para la dirección general; de haber presentado a tres candidatos de los que sólo uno llegó a ser nombrado; de haber tenido tres directores interinos, uno de ellos conseller, otro ocupando el cargo en la sombra; y tras haber seleccionado a trece miembros del consejo de administración, ahora consejo de dirección. Sumemos el fiasco del nombramiento del equipo gestor y podemos concluir que el resultado tiene pocos precedentes.
Pero aún peor, tras todo este viaje, el resultado final es que se nombra a un consejo integrado por grandes expertos en comunicación, según dice la Ley, a gente de reconocido prestigio y resulta que, de los nueve miembros, apenas un par de ellos son personas solventes en lo audiovisual, con antecedentes en el área, bien profesional o académicamente.
Y, por si todo eso no fuera suficiente para condecorar al diseñador de esta estrategia, el asunto se salda con un recurso contencioso administrativo que tiene todas las posibilidades de prosperar porque es manifiesto que se contraviene el espíritu de la ley, una ley por cierto votada por todos los partidos del Parlament. O sea, para hacerle una estatua ecuestre al autor de este desaguisado.
Aunque, con la crisis, habrá que esperar tiempos mejores: lo dejaremos en darle el nombre a una calle.