Leo que los sindicatos del sector público acusan al gobierno de mentir, al pretender este que los trabajadores del sector público pasen de hacer 35 a 37,5 horas de trabajo semanales. El tono crispado de la afirmación sugiere que el Gobierno se está pasando de la raya.
¿Cómo se puede calificar a quien protesta porque tiene que trabajar menos de 40 horas semanales, en una coyuntura como la actual? Incalificable. Tremendo. Inaudito.
Sin embargo, detrás de esto hay algunas cosas que hay que plantearse porque todo suena a titular de prensa. ¿Sabe alguien para qué se quiere a todos los funcionarios dos horas y medias semanales más? ¿Todos tienen esos trabajos?
La descripción que se plantea es como si los funcionarios tuvieran delante suyo un millón de expedientes (algunos los tienen) y este tiempo supusiera más eficacia. Pero en realidad, en los trabajos que llevan a cabo, en muchos casos probablemente no cambie nada. Ya me dirán qué sentido tiene, por ejemplo, mantener al funcionario que atiende al público este tiempo adicional, si no se acuerda ampliar las horas de ventanilla, lo que no se puede hacer porque eso implica gastar más en la empresa de seguridad externa.
Los problemas, como este, minimizan el valor de esta medida, pero abren la puerta a preguntarse por qué no se llevan a cabo verdaderos y profundos cambios en la gestión de la función pública y por qué, sobre todo, los sindicatos no se ponen al frente de una modernización racional, contra la que están sistemáticamente en contra.