La ley unánime de IB3 empieza a dar sus frutos

Estamos de estreno: aunque lleva un tiempo en vigor, en la práctica, estos días estrenamos la ley de IB3, la que nuestros partidos políticos aprobaron en diciembre de 2010, por unanimidad. O sea, una ley ejemplar, de esas que deberían marcar un antes y un después en la historia, una ley en la que los diputados del Parlament estuvieron a punto de cogerse de la mano, como en las canciones de 'Viva la gente' para celebrar que habíamos dado un paso al futuro. Los periodistas parlamentarios escuchaban los discursos con los bolis en las mesas y dando palmadas porque aquello era lo nunca visto, la superación de la mítica BBC. ¿Saben lo que es una unanimidad? No se consigue casi más que para hablar de los sueldos de los diputados. O sea, algo excepcional.

Según esta norma que por fin empezamos a ver desplegada, el director de IB3 sale de entre los miembros del Consell de Direcció (no confundir con la Mesa Audiovisual, que no está en la Ley), un organismo formado por personas de sobrada relevancia, donde ya no cabrán más los amigos ni los advenedizos, como dice el artículo 14. De sus integrantes “se presume que tienen cualificación y experiencia suficientes” porque tienen “formación superior o de reconocida competencia que hayan desarrollado durante un plazo no inferior a tres años funciones de administración, alta dirección, o asesoramiento o de responsabilidad similar, en entidades públicas o privadas y también aquellas que tengan méritos relevantes de carácter profesional, docente o de investigación en ámbitos vinculados con la comunicación”. Lo dejaron todo atado y bien atado. No me extrañan los aplausos.

De entre ellos, sólo de entre gente solvente, los mejores, digamos, el Parlament, escoge al director, quien, como todos los miembros, actuará regido por lo que establece el artículo 18 (otra oleada interminable de aplausos), que proclama solemnemente diciendo que: “actúa[...] con plena independencia y neutralidad. La efectividad de estos principios comporta, en todo caso, la garantía de no recibir instrucciones, directrices o cualquier otra indicación relativa al ejercicio de sus funciones, del Gobierno, dela Administración o de otras instituciones o entidades”.

Visto lo visto, me niego a comentar lo obvio, pero celebro que les haya quedado todo tan bonito.