He leído, primero en este digital y después en la prensa papel, que el Govern ha desviado unos sesenta millones de euros de las retenciones del IRPF de los funcionarios para sus necesidades de tesorería. En realidad, el asunto es bastante significativo: ese dinero no es propiedad del Govern, sino de los funcionarios; es parte de su retribución que se destina a pagar los impuestos a Hacienda. O sea que desde el punto de vista del Derecho, este desvío es un hecho significativo que, esperemos, no tenga consecuencias, aunque no es precisamente ejemplar.
Cuando se intervienen estas partidas, es que las cosas no están bien, que falta gasolina para urgencias más serias. Las cuentas, me temo, no están perfectamente bien. Cuando no se paga a las empresas privadas, es que algo falla. Cuando existe el riesgo de que no cobren los profesores de la concertada es que las cosas están bastante mal.
Hay una distancia cada día más notable entre presentar un Presupuesto, que no deja de ser una declaración de intenciones, un papel que lo resiste todo, y que el banco firme el préstamo que convierta las partidas en dinero; hay una distancia entre estimar unos ingresos y que estos finalmente lleguen; hay un abismo entre que cuadren los números virtuales y que estos sean reales. Uno tiene la sensación de que, efectivamente, el Presupuesto, hoy aún muy jovencito, ya está muerto, ya es pasado.
Ya que todo este mundo de la financiación autonómica y municipal ha funcionado en el más absoluto oscurantismo, es interesante la ley que el Gobierno central va a aprobar este mes para garantizar la trasparencia, de forma que todos podremos saber cómo están las cuentas públicas en España, en cada autonomía, en cada ayuntamiento. A ver si nos podemos enterar de lo que unos y otros nos han ocultado por sistema y que debemos deducir por síntomas como este.