El Govern balear tiene en vigor todo un plan de trasparencia que prácticamente hace imposible que algo quede oculto, ajeno a nuestra mirada inquisidora. Fue aprobado en la anterior legislatura y ya se aplica, sin que nadie haya notado mucha novedad. Pero ahora, el Gobierno de Madrid aprobará otra ley de transparencia, para que lo que ya era transparente ahora sea aún más visible. O sea que si hasta ahora ya lo teníamos todo visible, ahora lo tengamos aún más.
Y yo pregunto ¿quién es el que tiene la competencia en estos asuntos? ¿Qué ley se tiene que seguir ahora, la de aquí, o la de Madrid? ¿Podríamos además hacer una norma mallorquina de trasparencia y otra del ayuntamiento? ¿Y todo con los correspondientes mecanismos de control, con un equipo de funcionarios que se encargue de ello?
Naturalmente que es fundamental que las administraciones sean trasparentes, pero uno tiene la sensación de que esto no es exactamente serio, solapando unas decisiones sobre las otras. Y, en las más de las veces, para que no suceda nada, para que todo siga igual de oculto. Las autonomías deberían aclararse, delimitar sus áreas y precisar qué hacer y lo que hay que hacer, hacerlo en serio.