Un excelente amigo al que la política, implacable con los competentes, mandó a su casa, intentaba explicarme cómo hay un concepto de gasto absolutamente desmesurado al que nadie le ha puesto freno: la atención médica a ciudadanos de otros países, instalados (o no) en España. Me decía que en algunos conceptos, el gasto sanitario ha crecido un 30 por ciento para poder atender una oleada de inmigrantes que está aquí y que, teniendo presente que sólo en Baleares la sanidad cuesta mil millones de euros, es una cifra de gran envergadura.
Y, efectivamente, ahora que nos hemos puesto a ahorrar por todos lados ¿no sería correcto plantearse qué hacemos con este gasto? En Cataluña han sugerido que los ciudadanos que sí han pagado sus impuestos toda la vida pero que hoy tengan una renta media relativamente alta se paguen su propio seguro médico, siendo excluidos del servicio público. O sea que quien sí ha pagado debería ser excluido, en beneficio, en parte, de quienes están aquí en situación irregular.
El tema es delicado porque por un lado este asunto se presta a la más vil xenofobia y, por otro, porque es terreno para que algunos exhiban esa demagogia que les hace olvidar que todo tiene un coste y que, al final, alguien paga por ello. Yo pienso que un ciudadano de otro país que viene a España y se instala legalmente y empieza a trabajar y paga sus impuestos, tiene que tener los mismos derechos que nosotros, desde el primer día. Pero la cosa es mucho más borrosa con las personas, que son cientos de miles, que no tienen papeles, que no sabemos si se quedan, que no cotizan y que por aquello de lo políticamente correcto -y porque es humano, también hay que decirlo- les atendemos sin coste alguno. Pero eso supone un gasto espectacular que merece una reflexión detenida, sobre todo cuando se está hablando de recortar a quienes sí han pagado sus impuestos.
Cuando llega el momento de pensar en qué gastamos, estas partidas no se deberían ignorar.