La empresa de colchones Flex, a través de una empresa, Flabesa, tenía un edificio en la avenida Aragón. Al cerrar, decidió venderlo. Durante el primer Pacto de Progreso, como parte de la errática política de inmuebles de nuestra autonomía, se consideró que era una buena oportunidad para trasladar allí la Conselleria de Educación, hoy y entonces en varios locales que, casi en todos los casos, eran antiguos pisos familiares. El edificio de más de ocho mil metros cuadrados, por supuesto, fue pagado como lo que era, una instalación que se podía utilizar, si bien tras algunas hacer adaptaciones. Después, cuando el PP llegó al Gobierno, descartó llevar allí a la conselleria y negoció con el ayuntamiento el cambio del edificio, ya bastante maltrecho, por el solar del Conservatorio y por el de la actual Conselleria de Sanidad en el camino de Jesús. Así que desde entonces el ayuntamiento es titular de la antigua sede de la empresa de colchones. Finalmente, tras varios intentos frustrados de venta y subasta, ayer el Ayuntamiento de Palma aprobó gastar 505.000 euros para derribar las ruinas de lo que se compró hace casi diez años. ¿Alguien entiende por qué tuvimos que pagar la compra de un edificio en 2000, para en 2010, después de mil incidentes, tener que volver a pagar para que lo derriben? ¿Pero algo de esto tiene lógica? ¿No hay nadie que tenga que explicar qué se ha hecho ni por qué hemos pagado un edificio que después tenemos que derribar? Formas de hacer las cosas que indican qué lejos estamos de la gestión responsable de los bienes de todos y que aún hoy siguen sin funcionar los mecanismos de control y de calidad.
