Nostalgia del arado

En esta Comunidad Autónoma se recortan sistemáticamente las libertades de habitantes y visitantes. En todos los sectores de la actividad económica -y en múltiples aspectos de la vida cotidiana- vivimos una época de derechos menguantes y prohibiciones crecientes. Nuestras instituciones sólo cuidan a quienes viven de ayudas oficiales o del generoso erario público. Los demás, a pagar y a callar.

Ser bien atendido en una oficina pública constituye un verdadero milagro. Entre el teletrabajo, la cita previa, el horario reducido y el “vuelva usted mañana” resolver cualquier trámite exige largas gestiones y un sinfín de visitas. Y esa dinámica negativa se está también contagiando a grandes empresas privadas: bancos, seguros, telefonía, energía y agua, cuyos servicios de atención al público, especialmente a las personas mayores -que no dominan el acceso telemático- representan una creciente pesadilla.

Conseguir un taxi libre en la ciudad de Palma es tarea heroica. Especialmente por las noches, los fines de semana y en verano. Muchos pasan de largo -portando luz verde- escogiendo al cliente que aparente pagar la carrera más cara. Y, constituyendo un servicio público, se les puede esperar horas en una capital turística con insuficiente transporte público y miles de personas pendientes de embarques, restaurantes o citas que se arriesgan a perder o cancelar.

La situación de las playas baleares es otro tema para reflexionar. La obsesión política por eliminar bares, instalaciones, restaurantes y servicios, dejándolas en estado prehistórico, hace que la gente no pueda conseguir sombra, bebida o un lugar donde aparcar -o incluso orinar- en kilómetros a la redonda durante meses de sol abrasador. Y eso repercute también en su limpieza, porque quien se ocupaba de ella, instalaba papeleras o recogía los residuos era el personal de los chiringuitos, que empleaban -además- a personas de la localidad.

La navegación de recreo, atractivo indudable de nuestras islas, es otra actividad a exterminar con la excusa del medio ambiente. Aunque comprobemos -en viejas fotos aéreas- que muchas praderas de posidonia han crecido, nuestros políticos criminalizan los fondeos y multan a los navegantes, aunque la mayoría maneje barcos pequeños. Jamás exhiben ese empeño con los emisarios de aguas fecales, que destruyen miles de hectáreas de plantas marinas y nadie se ocupa de controlar. Al perseguir al que arranca unas hojas y olvidarse del que arrasa praderas, está claro que no pretenden preservar la posidonia. Simplemente no soportan a los “ricos” que les gusta navegar. Por eso masacran también a las industrias náuticas y de servicios complementarios. Viviendo en territorio insular, nos gobiernan integristas de secano.

El cuidado de la vía pública, los cierres de calles y las trabas a la restauración deberían ser también materia de estudio profundo. Las caóticas obras actuales que han levantado todo el Paseo Marítimo de Palma, la reciente instalación del carril Bus/VAO, el asfaltado del principal acceso a la ciudad al empezar la pasada temporada turística, la reducción a 80 km/h del tráfico en la vía de cintura, las implacables sanciones a establecimientos por temas de horario o colocación de las terrazas, y la actitud general de las Administraciones públicas con el entretenimiento ciudadano parecen encaminadas a arruinar toda actividad restauradora o de ocio.

La planificación urbanística de las islas muestra un panorama desolador. Nuestros gobernantes son incapaces de construir vivienda social o de abaratar precios para los jóvenes, pero elevan continuamente los impuestos, prohíben construir suelos urbanizables, eliminan piscinas de más de 35 m2 y los alquileres vacacionales en rústico y plurifamiliar, y pretenden limitar la venta de inmuebles a no residentes. Ni les va bien que construyamos, ni que nademos, ni que vendamos o alquilemos para poder vivir.

El triste resumen de lo anterior es que una Comunidad turística y de servicios -que hoy carece de otras alternativas de modelo económico- maltrata a quienes desean comprar o alquilar una vivienda, hacer gestiones administrativas, disfrutar de las playas, navegar, bañarse, conducir, salir a restaurantes, tomarse unas copas o gozar de sus vacaciones o momentos de ocio. ¿Qué les gustaría que hiciéramos? ¿Irnos al campo a arar?

Esta sectaria gestión política -son incapaces de gobernar para todos- acarrea prohibiciones continuadas por prejuicios ideológicos de los partidos minoritarios en las coaliciones de gobierno. ¿Qué hemos hecho mal para que nos recorten libertades? Seguramente, elegir a esta tropa variopinta para cargos que les vienen grandes en los que dan rienda suelta a su atávico resentimiento. Si continúan unos años más prohibirán el turismo, navegar e ir a la playa, clausuraremos diversiones y negocios, y disfrutaremos todos de una apacible vida en el pueblo. De donde emigraron sus abuelos para poder ganarse la vida.

P.D.: La mejor definición de lo que hoy sucede en Baleares la ha dado Llorenç Galmés, portavoz del PP en el Consell de Mallorca: “La izquierda quiere el dinero de los turistas pero que no vengan”.

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