No saber realmente quién es

Hace ya mucho tiempo, quise ampliar mi conocimiento en torno a la personalidad. Entre las referencias y notas sobre aquellas lecturas, he dado con el siguiente pensamiento: “No hay nada más terrible que la ignorancia en acción. Creer una cosa sobre la base de pruebas insuficientes es siempre un error, en todas partes trátase de quien se trate. La gente que cree en absurdos cometerá atrocidades” (Hans Jürgen Eysenck). La experiencia diaria parece confirmarlo en cualquier actividad de la vida humana.

Los españoles, por desgracia, lo venimos comprobando, y padeciendo, con el gobierno ‘sanchista’. Son profundamente ideológicos y sectarios; ajenos, en general, a la realidad y a la voluntad mayoritaria del pueblo; suelen estar, de modo permanente, reñidos con el sentido común; y no se suelen distinguir, al tomar sus decisiones, por el manejo de los datos y por su análisis certero. A partir de tal posición inicial y dado que no brillan, salvo alguna excepción excepcional, por su competencia en la materia, muchas de sus decisiones son verdaderos bodrios, impropios de un gobierno responsable. Un ejemplo preclaro al respecto es la Ley Trans, impulsada a propuesta de Irene Montero (Podemos). Eso sí, totalmente a espaldas de la comunidad científica y de los profesionales de la medicina.

Para más inri, el legislador, en el caso español, se empecinó en copiar unas políticas, cuyas soluciones y procedimientos ya estaban siendo, en esos momentos, revertidos en los países adelantados en su aplicación. Ya se sabía que los resultados y las consecuencias de tales políticas, en el Reino Unido, Suecia, Estados Unidos, Finlandia y Noruega, venían causando efectos destructivos. Era claro que, en base a diagnósticos probablemente falsos, muchos menores eran sometidos a tratamientos irreversibles (terapias hormonales, amputaciones) y la Administración pública correspondiente debía enfrentarse a miles de demandas en reclamación de daños y perjuicios. “Lo cierto es, afirma Douglas Murray (La masa enfurecida, 2020), que en muy poco tiempo se han creado más problemas que soluciones y se ha sembrado más la exaltación que la concordia”. ¡Un desastre! ¡Una verdadera contradicción, que jamás será reconocida ni rectificada por sus promotores! ¡Abandonad toda esperanza!

No puede, sin embargo, negarse lo que tiene de encomiable. Como ha subrayado Douglas Murray, “permitir que las personas vivan su vida como deseen es una idea bajo la cual subyace uno de los logros más valiosos de nuestras sociedades”. Nada debería extrañar, en esa línea de poner fin a la infelicidad del ser humano, que Harry Benjamin se preguntase “si no deberíamos, en determinadas circunstancias, alterar el cuerpo para que encaje con la convicción”. Como es sabido, se respondió de hecho en los términos afirmativos más duros y radicales. Y, “quien no encaje en este esquema es un opresor”, como recuerda el mismo Murray. Por supuesto, todo debe planteares desde una óptica política (Murray, La masa, cit., pág. 313). Este es su lema, absolutamente dogmático e intolerante: “Yo soy lo que digo que soy y no puedes demostrar lo contrario”. “Las vidas de los trans importan”. “Hay gente que es trans. Supéralo”. Tan radical y extrema era la posición inicial que sugerir lo contrario era transfobia.

La Ley 4/2023, de 28 de febrero, sienta, por supuesto, un principio radical: la autodeterminación de género. Esto es, en palabras de Luisa González, “la propia voluntad es requisito suficiente para cambiar de nombre y sexo en el DNI, sin necesidad alguna de informes médicos o pruebas judiciales”.

Los países abanderados en la implantación, a los que nos hemos referido anteriormente, ya han tomado nota del error cometido y, a estas alturas, han rectificado. En efecto, han adoptado una orientación integradora, consistente en aceptar la colaboración y la ayuda de psiquiatras, psicólogos, pediatras y endocrinos. Y, por supuesto, entienden que han de moverse en el contexto, a la hora de iniciar cualquier medicalización al respecto, de una mayor prudencia y tacto. Este fue, en realidad, el criterio seguido por la Comunidad de Madrid (Ley 17/2023, de 27 de diciembre, por la que se modifica la Ley 2/2016, de 29 de marzo), que exige el acompañamiento psicológico de los menores y fija la necesidad de evaluaciones favorables antes de iniciar un cambio de sexo. ¡Puro sentido común!

Pues bien, se ha iniciado, a mi entender, el proceso para que se cumpla lo anunciado: Abandonad toda esperanza. Nada importa que el acompañamiento psicológico a los menores, máxime tratándose de decisiones irreversibles, parezca conveniente y necesario. Nada importa la patria potestad de los padres. Lo que importa es la ideología y dejar muy claro quién fija el criterio a seguir. ¿Cómo se va a tolerar que Ayuso enmiende la plana al Presidente Sánchez? Ni hablar. Se acude al TC y Conde-Pumpido pondrá las cosas en su sitio. Dicho y hecho: de momento, las cautelas en cuestión de la Ley de la Comunidad de Madrid se hallan suspendidas.

Les invito, estimados lectores, a una colaboración activa: Lean, antes de seguir adelante, la página de la doctora González (Una nueva ecología del ser humano, en https://www.elmundo.es/opinion/2023/01/25/63cfe150fc6c8366088b456f.html). Ahora, una vez instruidos, atrévanse a valorar por sí mismos la situación de los menores en la Comunidad de Madrid y en el resto del territorio nacional. ¿No les parece que, en estas cuestiones que pueden tener efectos irreversibles, ha de primar el criterio de la salud pública sobre el de la lucha política? ¿Por qué se ha de propiciar, al no prestar la asistencia médica debida, situaciones en las que el menor no llegue a saber realmente quién es? ¿Les parece sensato prescindir de hecho del dato según el cual la sexualidad está en el centro mismo de la persona? ¿Por qué se prescinde de algo tan elemental como que la adolescencia es un estado de inmadurez en desarrollo, precisamente, hacia la madurez? (Luisa González). ¿No les parece una flagrante contradicción de la izquierda el abandono en la tutela y acompañamiento de los menores? ¿No les parece que, ante la probabilidad que los menores sometidos a tratamientos de consecuencias irreversibles como que ‘ya no podrán tener hijos’ o ‘imposibiliten la satisfacción sexual’ (Luisa González), se proceda con prudencia, asesoramiento médico y ayuda de los padres? ¿No les parece que nadie, ni el Estado, tiene derecho a dispensar semejante trato a los menores? ¡Piénselo!

Por último, ¿No habría que hablar, más bien, de una posible inconstitucionalidad de la Ley 4/2023, de 28 de febrero, precisamente, porque deja a los menores abandonados a su suerte, que llega, incluso, a la privación efectiva del ejercicio de la patria potestad? ¡Ustedes mismos!

Gregorio Delgado del Río